El desplazamiento forzado interno constituye una crisis humanitaria que ha obligado a miles de familias hondureñas a abandonar sus hogares a causa de la violencia, advirtió este miércoles el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que pidió al Estado brindar una respuesta integral a las personas afectadas.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, señaló que Honduras cuenta con una Ley Especial para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, normativa que establece obligaciones para el Estado en materia de asistencia y protección.
De acuerdo con Reyes, la atención debe contemplar medidas como asistencia humanitaria, reubicación, alojamiento temporal, atención médica y acceso a documentos. Sin embargo, sostuvo que la prioridad debe ser garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que las personas no tengan que abandonar sus comunidades.
“Lo ideal es que nadie tenga que salir huyendo. Lo ideal es que el Estado dé la protección necesaria para que se queden en su zona”, manifestó. No obstante, agregó que cuando las autoridades no pueden garantizar esa protección, deben responder de manera integral a las necesidades de las familias desplazadas.
Más de 423 mil personas afectadas
Reyes explicó que la situación registrada en la colonia Villa Nueva representa únicamente una muestra de una problemática que se extiende a diferentes zonas del país.
Según los datos oficiales más recientes, publicados conjuntamente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Honduras, 423,845 personas han sufrido desplazamiento interno provocado por la violencia.
La funcionaria indicó además que entre 2016 y 2025, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) identificó y atendió de manera específica 10 mil quejas presentadas ante el Conadeh por personas en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado. Estos casos involucraron a unas 24,864 personas afectadas.
Francisco Morazán y Cortés concentran más casos
Entre los departamentos con mayor número de casos, Reyes señaló a Francisco Morazán y Cortés. También se han registrado situaciones de desplazamiento en Atlántida, Choluteca, Olancho, El Paraíso y Yoro.
Las causas identificadas incluyen amenazas, extorsión, asesinato de familiares, violencia basada en género, reclutamiento forzado y despojo de bienes y propiedades.
Reyes explicó que, en muchos casos, las familias toman la decisión de abandonar sus viviendas después de experimentar directamente un hecho violento que pone en peligro su seguridad.
El desplazamiento provoca ruptura familiar y pérdida de medios de vida
Además de la pérdida del hogar, el desplazamiento forzado genera profundas consecuencias sociales y familiares, según la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana.
“Dejan abandonado su esfuerzo, su casa construida con mucho sacrificio. Hay una ruptura de vínculos de iglesia, amistades y familiares. Quedan totalmente desprotegidas porque salen de su lugar seguro”, expresó.
La situación se vuelve más compleja una vez que las familias han abandonado sus comunidades, debido a que pueden quedar sin vivienda, medios de vida y acceso a la educación, además de enfrentar graves afectaciones a su salud mental.
“La casa para uno es un lugar seguro. Pero si la casa se vuelve insegura, las familias ya no tienen a dónde ir”, señaló Reyes.
Finalmente, sostuvo que las víctimas del desplazamiento forzado enfrentan una condición de extrema vulnerabilidad y múltiples vulneraciones de derechos, entre ellos el derecho a la vida, la integridad personal, a vivir en el lugar que elijan, a la libre circulación, a la educación y a la salud mental.