La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresó su preocupación ante los anuncios de autoridades sobre la posible aplicación de un estado de excepción focalizado en determinados territorios del país y una eventual declaratoria de algunas estructuras criminales como asociaciones terroristas.
En un pronunciamiento divulgado este 17 de septiembre de 2026, el organismo reconoció que fenómenos como la violencia criminal, las extorsiones, los homicidios y los desplazamientos forzados internos representan graves afectaciones para los derechos de la población.
OACNUDH señaló que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a las personas, investigar los delitos, llevar ante la justicia a quienes resulten responsables y garantizar los derechos de las víctimas. Sin embargo, subrayó que las respuestas frente a la criminalidad, incluidas las medidas extraordinarias de seguridad, deben ajustarse a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Juan Carlos Monge, representante de OACNUDH, sostuvo que la protección de los derechos y las acciones contra el crimen no deben plantearse como objetivos incompatibles.
“La población hondureña tiene derecho a vivir sin miedo. Los derechos humanos no impiden al Estado actuar contra el crimen; le instan a hacerlo investigando, desarticulando estas estructuras y sancionando a los responsables. Nadie debe elegir entre seguridad y derechos, una seguridad efectiva garantiza ambos”.
OACNUDH fija condiciones para medidas excepcionales
La Oficina recordó que cualquier medida extraordinaria debe sujetarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad, además de contar con supervisión independiente y mecanismos de rendición de cuentas.
Asimismo, indicó que la suspensión o limitación de determinados derechos solo puede aplicarse cuando sea indispensable para responder a circunstancias excepcionales y debe estar acompañada de controles efectivos.
Sobre la posibilidad de declarar como asociaciones terroristas a determinadas organizaciones criminales, OACNUDH advirtió que utilizar definiciones imprecisas o demasiado amplias de terrorismo puede generar nuevas vulneraciones de derechos.
En ese contexto, señaló que cualquier actuación penal debe respetar principios como la legalidad penal, la presunción de inocencia, el debido proceso y la responsabilidad individual.
Llamado a fortalecer la política de seguridad
El organismo internacional exhortó al Estado hondureño a continuar fortaleciendo una política integral de seguridad ciudadana que incorpore un enfoque de derechos humanos.
Entre las prioridades planteadas por la Oficina figuran la prevención de la violencia, una investigación criminal efectiva, la reducción de la impunidad, la protección de las víctimas, la transparencia y la rendición de cuentas.
OACNUDH también sostuvo que los resultados sostenibles en materia de seguridad requieren reformas estructurales orientadas a reducir las desigualdades y fortalecer el Estado de derecho.
Finalmente, la Oficina reiteró su disposición de brindar asistencia técnica y acompañamiento al Estado hondureño en el diseño y aplicación de respuestas frente a la violencia y la criminalidad.