El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) confirmó el inicio de un proceso de auditoría e investigación sobre la construcción de varios hospitales en Honduras, proyectos impulsados durante la administración de la presidenta Xiomara Castro y que actualmente están bajo revisión por posibles inconsistencias administrativas y financieras.
El ente contralor detalló que las diligencias se centran en tres obras específicas: los hospitales de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara, luego de reportes emitidos por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) que apuntan a presuntas irregularidades en su ejecución.
De acuerdo con la información oficial, la revisión abarca 47 contratos vinculados a estas edificaciones, los cuales contienen cerca de 30 mil folios de documentación. La solicitud de análisis fue presentada el pasado 8 de abril por las actuales autoridades de la SIT, que pidieron una evaluación técnica, jurídica y financiera de los procesos de contratación.
El portavoz del TSC, Rodolfo Isaula, explicó que el equipo auditor ya trabaja en la evaluación de la documentación y que, una vez concluido el proceso, se emitirá un informe con los hallazgos, el cual será de carácter público conforme a la normativa institucional.
Obras cuestionadas desde su origen
La construcción de los nuevos hospitales ha estado rodeada de cuestionamientos desde sus etapas iniciales, principalmente por denuncias de falta de transparencia, retrasos y posibles sobrevaloraciones. A ello se suma la preocupación por el estado actual del sistema sanitario, donde persisten carencias en infraestructura y atención médica.
Aunque el gobierno anterior promovió la edificación de al menos ocho hospitales en distintas regiones del país, incluyendo Choluteca, Tocoa y Roatán, ninguno ha sido entregado completamente. Algunos proyectos avanzaron parcialmente, mientras otros quedaron en fase de diseño o planificación, como los hospitales de trauma en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Además, autoridades actuales han reconocido que los cronogramas de construcción y los esquemas contractuales bajo modalidad “llave en mano” hacen improbable la finalización de estas obras en el corto plazo.
Advertencias sobre planificación y costos
El viceministro de Proyectos de la Secretaría de Salud, José Miguel Castillo, indicó que los tiempos establecidos para la finalización de los hospitales se han extendido y que incluso no se prevé su conclusión total en 2026, aunque algunos podrían avanzar en fases.
Por su parte, el procurador general del Estado, Dagoberto Aspra, advirtió que las investigaciones preliminares apuntan a posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales. Señaló además que se detectaron fallas en la planificación, incluyendo ausencia de financiamiento completo y diferencias en los costos de construcción frente a obras similares.
Aspra agregó que estas deficiencias podrían impactar también en el futuro equipamiento y funcionamiento de los centros asistenciales, lo que obligaría a nuevas inversiones para su puesta en marcha.
Posturas encontradas sobre los avances
En contraste, el exministro de Infraestructura, Octavio Pineda, defendió que los proyectos quedaron en distintos niveles de avance durante su gestión y exhortó al actual gobierno a dar continuidad a las obras sin distinción política.
Asimismo, invitó a las autoridades a realizar inspecciones de campo para constatar el estado real de los hospitales y reiteró que su conclusión debe ser una prioridad nacional.
Auditorías paralelas en marcha
Mientras tanto, la Secretaría de Infraestructura y Transporte, encabezada por Aníbal Ehrler, informó que se ejecutan auditorías en al menos 180 proyectos heredados de la administración anterior, incluyendo los hospitales en construcción.
Estas revisiones buscan verificar la correspondencia entre el avance físico y el financiero de cada obra, además de determinar la legalidad de los contratos y los desembolsos realizados. Según la SIT, también se ha instalado una mesa técnica conjunta con la Secretaría de Salud para evaluar la reactivación de algunos proyectos hospitalarios.
Las autoridades coincidieron en que el objetivo de estas evaluaciones es garantizar transparencia en el uso de los recursos públicos y definir el futuro de los proyectos de infraestructura sanitaria en el país.