Nuevas denuncias han puesto bajo escrutinio la gestión de la Secretaría de Planificación Estratégica, en la etapa en que fue dirigida por Ricardo Salgado, tras revelaciones realizadas por el presidente de la Comisión Liquidadora, Leonel Núñez.
Según lo expuesto, existiría un presunto esquema de manejo irregular de recursos públicos que habrían sido destinados al financiamiento de personal extranjero y a estructuras administrativas no convencionales dentro de la institución.
Núñez sostiene que se habrían movilizado más de 175 millones de lempiras, los cuales habrían sido canalizados a través de organismos internacionales para cubrir pagos de médicos y docentes cubanos, así como asesores de origen venezolano que residían en el país y prestaban servicios en la dependencia estatal.
De acuerdo con la denuncia, estos fondos provendrían tanto del presupuesto de la Secretaría como de instituciones previsionales del Estado, con transferencias mensuales que sumarían aproximadamente 70 millones de lempiras desde fondos de pensiones y otros 105 millones desde la propia planificación gubernamental.
Entre los señalamientos, se detalla que recursos provenientes del Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA) y del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) —estimados en 35 millones de lempiras cada uno— habrían sido redirigidos a fines distintos a los establecidos originalmente por la ley, que es la protección de las pensiones de los afiliados.
Estas acciones han generado cuestionamientos sobre la legalidad del uso de fondos previsionales y la transparencia en la administración de recursos públicos.
Posible estructura paralela
La Comisión Liquidadora también señala la supuesta existencia de una estructura interna no oficial dentro de la Secretaría, la cual operaría con acceso restringido y bajo condiciones especiales.
Según el testimonio de Núñez, habría una oficina dentro del edificio institucional a la que únicamente tendrían acceso ciudadanos extranjeros, mientras que el personal hondureño tendría prohibido el ingreso. Esta área habría sido utilizada, presuntamente, para actividades de vigilancia política.
De confirmarse, estas acciones podrían implicar graves implicaciones en materia de derechos fundamentales y funcionamiento democrático del Estado.
Irregularidades administrativas
El informe también incluye observaciones sobre posibles anomalías en el manejo interno de recursos, como gastos elevados en alimentación sin documentación suficiente, contratación de personal sin procesos de auditoría previos y debilidades en los controles internos.
Estos elementos, de acuerdo con la Comisión Liquidadora, reflejarían un patrón de manejo discrecional de fondos públicos.
Llamado a investigación
Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una respuesta oficial a estas acusaciones.
La Comisión Liquidadora ha solicitado al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público iniciar investigaciones de oficio para determinar la veracidad de los señalamientos y establecer posibles responsabilidades administrativas o penales.