El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, encabezó una inspección al módulo de máxima seguridad de la Penitenciaría Nacional de Támara, acompañado de autoridades del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), para verificar las condiciones de las instalaciones y la aplicación del nuevo régimen penitenciario dirigido a integrantes de organizaciones criminales.
Durante el recorrido, Zambrano explicó que la supervisión tenía como propósito comprobar el funcionamiento del régimen especial y constatar que los módulos reúnen las condiciones necesarias para mantener bajo custodia a personas vinculadas con estructuras delictivas.
El titular del Legislativo aseguró que las acciones contra las maras, pandillas y otros grupos criminales continuarán y advirtió que en los próximos días se intensificará la presencia militar y policial en diferentes sectores del país.
Régimen contempla 23 horas y media en las celdas
Zambrano detalló que el nuevo modelo de reclusión establece que los privados de libertad permanezcan 23 horas y media dentro de sus celdas, mientras que dispondrán de 30 minutos para realizar ejercicios físicos, calistenia y estiramientos. Además, tendrán una hora de exposición al sol por semana.
En cuanto a la asistencia legal, indicó que los abogados podrán comunicarse con sus representados mediante un sistema controlado, con separación de vidrio blindado y comunicación telefónica.
El régimen también contempla restricciones a las visitas familiares y conyugales, así como al ingreso de alimentos y dinero provenientes del exterior.
“En estas celdas, quiero decirlo, aquí esto es máxima seguridad con estos módulos que tiene el país. 23 horas y media encerrados”, expresó.
El congresista defendió la implementación de estas medidas y sostuvo que forman parte de una política de seguridad orientada a recuperar la tranquilidad de la población hondureña.
“Esto no es juego, esto no es show, esto no es únicamente un mensaje. Aquí hay una política que se va a luchar hasta que Honduras recupere la paz y la seguridad”, manifestó.
Más de 110 detenidos serán trasladados a Támara
El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, informó que más de 110 personas detenidas se encuentran en proceso de traslado hacia la Penitenciaría Nacional de Támara, donde serán sometidas al régimen de máxima seguridad.
El jefe policial advirtió que las operaciones contra las estructuras criminales continuarán y aseguró que las autoridades buscan recuperar el control territorial en las zonas afectadas por la delincuencia.
“Queremos dar un mensaje a todos los que están delinquiendo: observen lo que les va a pasar aquí”, expresó Oseguera Mass, quien también adelantó que las próximas acciones de seguridad serán más contundentes.
“Lo que viene todavía no es nada con lo que viene en el futuro. Vienen cosas muy fuertes y apenas hemos empezado”, agregó.
INP reporta 89 reclusos en los módulos inspeccionados
Por su parte, el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Amador Lacayo, detalló que los dos edificios de máxima seguridad supervisados tienen capacidad para albergar a 212 personas privadas de libertad.
Actualmente, las instalaciones mantienen recluidos a 89 internos identificados como terroristas, mientras continúa el proceso de traslado de nuevos detenidos.
Lacayo reconoció que el sistema penitenciario enfrenta problemas heredados y señaló que recuperar el control de los centros penales requiere coordinación entre las diferentes instituciones del Estado.
Asimismo, aseguró que las condiciones de los módulos continuarán mejorando y que las medidas implementadas no tendrán retroceso.
Autoridades anuncian continuidad de las acciones de seguridad
Durante la inspección, el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, calificó como satisfactorias las condiciones observadas y señaló que el régimen penitenciario se encuentra en un proceso de perfeccionamiento.
El funcionario indicó que más de 120 personas acusadas de terrorismo han sido arrestadas en el marco de las reformas legales y las operaciones de seguridad.
A su vez, el director de la Agencia Nacional contra el Crimen, Julio Alberto Ruiz, destacó la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
Ruiz también hizo un llamado a la población para que no proporcione alimentación, alojamiento, transporte, armas o drogas a personas vinculadas con organizaciones criminales que busquen evadir a las autoridades.
Advirtió que quienes colaboren con estas estructuras podrían enfrentar procesos judiciales por su presunta vinculación con actividades terroristas.
Las autoridades reiteraron que la aplicación del régimen de máxima seguridad continuará como parte de la estrategia estatal para combatir las organizaciones criminales y fortalecer el control de los centros penitenciarios.

