El Senado de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña, luego de declararlo culpable de «mal desempeño de funciones» en un juicio político realizado en su ausencia, en medio de una crisis financiera relacionada con el cierre de Ueno Bank y los cuestionamientos por los vínculos del mandatario con esa institución.
La destitución fue aprobada con el respaldo de los 44 senadores presentes, convirtiendo a Peña, de 47 años, en el segundo presidente paraguayo de la historia reciente en ser apartado del cargo mediante un juicio político, después de Fernando Lugo, quien gobernó entre 2008 y 2012.
Tras la decisión, el vicepresidente Pedro Alliana asumirá la Presidencia de la República.
Peña no compareció ante el Congreso, pese a haber sido convocado personalmente, y delegó su representación en los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes presentaron los argumentos de su defensa técnica y jurídica. El ahora exmandatario también había perdido el respaldo del gobernante Partido Colorado.
Crisis por el cierre de Ueno Bank
La crisis que derivó en la salida de Peña se profundizó después de que el Banco Central de Paraguay (BCP) ordenara un procedimiento de resolución de Ueno Bank, entidad financiera que contaba con 2.94 millones de clientes en un país de 6.1 millones de habitantes.
La institución había recibido millonarios recursos de entidades públicas durante la administración de Peña. Además, miles de ahorradores denunciaron dificultades para acceder a sus depósitos, entre ellos aproximadamente 32,000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales entidades de pensiones del país.
Durante el juicio político, los diputados que actuaron como acusadores señalaron que el cierre de Ueno Bank provocó pérdidas estimadas en 1,200 millones de dólares, recursos que calificaron como pertenecientes al pueblo paraguayo. Por ello, solicitaron que el presidente fuera declarado culpable.
En el debate legislativo, el senador opositor Rafael Filizzola calificó el caso como «el escándalo de corrupción más grande» de la era democrática paraguaya y cuestionó los argumentos de la defensa, que había advertido sobre una supuesta nulidad del procedimiento.
Por su parte, el senador oficialista y exembajador Gustavo Leite acusó a Peña de haber traicionado a los paraguayos y pidió que su destitución se concretara «con deshonra».
Destitución le impide convertirse en senador vitalicio
La salida de Peña también tiene consecuencias sobre su situación política y jurídica después de abandonar la Presidencia.
El artículo 189 de la Constitución paraguaya establece que los expresidentes elegidos democráticamente pueden ocupar un escaño como senadores vitalicios, excepto aquellos que hayan sido sometidos a un juicio político y declarados culpables.
Esta condición les otorga inmunidad parlamentaria, por lo que no pueden ser sometidos a un proceso penal sin que el Congreso apruebe previamente el retiro de sus fueros.
Con la decisión del Senado, Peña queda excluido de ese beneficio constitucional.
El exmandatario había permanecido en el cargo luego de que el Congreso no lograra pronunciarse, por falta de cuórum, sobre la renuncia que presentó el jueves.
Peña había anunciado su renuncia
Poco antes de la votación, Santiago Peña comunicó a través de su cuenta en la red social X que había presentado su renuncia con el propósito de evitar mayores perjuicios al país y contribuir a recuperar la estabilidad.
«No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal», expresó.
En su mensaje, también hizo un llamado a la unidad de los paraguayos para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza.
Sin embargo, el Senado finalmente resolvió su destitución mediante el juicio político, dejando la Presidencia en manos de su hasta entonces vicepresidente, Pedro Alliana.

