A dos años del asesinato del defensor ambientalista Juan López, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) instó al Estado hondureño a reforzar las investigaciones y adoptar medidas que permitan prevenir nuevos ataques contra quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente.
La oficina reconoció los avances registrados recientemente en la judicialización de personas señaladas por su presunta responsabilidad en el crimen. Sin embargo, consideró necesario mantener las diligencias hasta establecer la responsabilidad penal de todas las personas que pudieran haber participado en el asesinato.
OACNUDH señaló que el proceso investigativo debe realizarse con rigor y tomando en cuenta el contexto de violencia que enfrentan los defensores de derechos humanos, especialmente en la zona del Bajo Aguán.
Asimismo, pidió garantizar medidas de protección para los familiares, víctimas y testigos vinculados al caso. Advirtió que las demoras injustificadas y la ausencia de resultados judiciales contribuyen a generar condiciones de impunidad.
“El legado de Juan López exige honrar su vida, acompañar a su familia en su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, y exigir el cese de las causas que hicieron posible su asesinato. Defender los derechos humanos no debe costar la vida”, afirmó Juan Carlos Monge, representante de OACNUDH en Honduras.
La organización también consideró necesario fortalecer la autonomía e independencia funcional del Ministerio Público, así como garantizar la independencia judicial.
ONU pide evitar la estigmatización
Monge llamó además a las autoridades a evitar declaraciones o acciones que desacrediten a personas que cuestionan decisiones gubernamentales, proyectos extractivos o posibles impactos ambientales.
OACNUDH recordó que la defensa de los derechos humanos es una actividad legítima y necesaria. Por ello, señaló que las instituciones del Estado deben distinguir entre conductas que constituyen delitos y el ejercicio de derechos como la libertad de expresión.
En el ámbito empresarial y ambiental, la oficina recomendó mejorar la supervisión de las actividades de las empresas, garantizar transparencia en los procesos de permisos y licencias, promover evaluaciones ambientales independientes y asegurar la participación de las comunidades afectadas.
Para Monge, el caso de Juan López debe convertirse en una oportunidad para modificar las condiciones que exponen a los defensores de derechos humanos, mediante el acceso a la justicia, instituciones independientes, mecanismos efectivos de protección, responsabilidad empresarial y decisiones públicas transparentes y participativas.
Las demandas de Naciones Unidas se producen en un contexto en el que también persisten cuestionamientos sobre el caso. El obispo de Trujillo, Jenry Ruiz Mora, ha señalado que continúan pendientes respuestas tanto por el asesinato de López como por los daños denunciados en el Parque Nacional Carlos Escaleras, en el departamento de Colón.