El Ministerio Público interpuso diligencias prejudiciales ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el marco de una investigación que involucra a exmiembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, entre ellos el expresidente legislativo Luis Redondo.
Las diligencias prejudiciales corresponden a una fase inicial del proceso investigativo que permite la juramentación de peritos y la obtención de documentación bajo cadena de custodia, con el objetivo de fortalecer las indagaciones en curso.
En este caso, el pleno de magistrados de la CSJ ya designó al juez natural que conocerá el expediente judicial.
Entre las personas investigadas figuran los diputados Luis Redondo, Luz Angélica Smith, Hugo Noé Pino, Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga, Osman Chávez, Edgardo Casaña, Juan Barahona, Carlos Raudales y Fabricio Sandoval.
Las investigaciones incluyen la presunta comisión de delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, usurpación de funciones públicas y traición a la patria.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, explicó que la solicitud tiene como finalidad autorizar la participación de un perito que analizará el video de la sesión del Congreso Nacional del 8 de enero del presente año, pieza clave dentro del expediente.
Según detalló, en dicha sesión se habría planteado que el Congreso realizara un conteo de resultados electorales, pese a que el Consejo Nacional Electoral ya había emitido la declaratoria oficial correspondiente.
El caso es dirigido por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), que investiga las actuaciones de la Comisión Permanente y posibles extralimitaciones en sus funciones conforme a la Constitución y las leyes del país.
La Comisión Permanente estuvo integrada por nueve diputados propietarios y cuatro suplentes durante el período legislativo encabezado por Luis Redondo. Sin embargo, algunos de sus integrantes continúan ejerciendo funciones en el Congreso, lo que mantiene abierto el análisis sobre las posibles implicaciones legales y políticas del proceso.