Las protestas de jubilados y pensionados del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) comenzaron a tomar fuerza tras la polémica operación financiera de 900 millones de lempiras vinculada al Banco Ficohsa, que los manifestantes califican como un saqueo a los recursos de la institución.
Los inconformes cuestionan el traslado de los fondos y exigen la intervención inmediata del Ministerio Público para investigar una transacción que consideran dudosa, oscura y de alto riesgo para el patrimonio destinado a garantizar las pensiones de miles de empleados públicos.
La controversia se intensificó tras las publicaciones de Cholusat Sur sobre la adquisición de acciones preferentes de Ficohsa por parte de INJUPEMP. Según la información divulgada, el instituto desembolsó 900 millones de lempiras por 360,000 acciones cuyo valor nominal conjunto asciende a 36 millones de lempiras. La diferencia de 864 millones corresponde a una prima de emisión.
Las condiciones de la operación también han generado cuestionamientos. Los títulos son perpetuos, contemplan dividendos no acumulativos y no establecen una obligación contractual de recompra en un plazo determinado. Aunque se contempla la posibilidad de recomprar las acciones después de cinco años, esto no garantiza que el capital invertido sea devuelto al cumplirse ese período.
La inversión contempla una tasa anunciada del 9.5%, equivalente a 85.5 millones de lempiras anuales sobre los 900 millones desembolsados, pero el pago de dividendos depende de que estos sean declarados y distribuidos.
Los recursos utilizados para la operación procedieron de 825.9 millones de lempiras provenientes del vencimiento de otra inversión y de 74.1 millones del flujo de efectivo disponible de INJUPEMP.
Ante estos elementos, los jubilados y pensionados reclaman que se esclarezcan las condiciones en que se aprobó la transacción, se determine si hubo irregularidades y se deduzcan las responsabilidades correspondientes.
La exigencia de los manifestantes es que el Ministerio Público intervenga y examine la documentación financiera para establecer si la operación se ajustó a la ley y si protegió los intereses de los afiliados y pensionados.
El malestar se concentra en el manejo de 900 millones de lempiras pertenecientes al patrimonio previsional, mientras persisten los cuestionamientos sobre el precio pagado por las acciones, los riesgos de recuperación del capital y las condiciones para recibir dividendos.