La Comisión Técnica Liquidadora reportó un posible perjuicio económico de 1,131 millones de lempiras por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos de seis instituciones del gobierno anterior, cuyos hallazgos fueron remitidos al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, el comisionado coordinador, Ángel Mendoza, informó que se presentaron 10 líneas de investigación y que el proceso de supresión y liquidación de las instituciones registra un avance del 90 %. Asimismo, advirtió que el monto señalado podría aumentar a medida que avance la revisión documental.
Entre las principales irregularidades identificadas figuran transferencias superiores a 230 millones de lempiras vinculadas con cajas rurales de ahorro y crédito, cuyas liquidaciones presentan inconsistencias.
También se reportó la adquisición de más de 10,000 bienes por parte de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), sin las respectivas actas de entrega, así como 110 contratos de obras que, según la comisión, fueron pagados en su totalidad por anticipado, sin que se haya determinado la ejecución efectiva de todos los proyectos.
A estos hallazgos se suman transferencias de aproximadamente 60 millones de lempiras a una organización no gubernamental cuya dirección registrada presentaba inconsistencias. Además, se detectaron diferencias entre los registros oficiales de migrantes retornados y los beneficios reportados por un programa de asistencia.
La comisión indicó que toda esta documentación fue trasladada a las autoridades competentes para que desarrollen las investigaciones y determinen las posibles responsabilidades.
Liquidación institucional y reducción de gastos
Por su parte, el comisionado Mario Celín Simón explicó que las instituciones examinadas administraron alrededor de 27,000 millones de lempiras durante los cuatro años anteriores.
Señaló que la supresión de estas entidades permitirá reducir los gastos administrativos y liberar recursos que podrían destinarse a sectores prioritarios como salud, educación, infraestructura y seguridad. Sin embargo, durante la conferencia no se precisó el monto total del ahorro que generará el proceso.
La comisión también informó que continúa atendiendo las obligaciones pendientes con exempleados y proveedores que presenten la documentación requerida para respaldar sus reclamos.
Fechas previstas para el cierre
Mendoza detalló que tres instituciones completaron su cierre durante octubre, mientras que la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda) tiene previsto finalizar a mediados de noviembre.
En tanto, Sedecoas, Red Solidaria y el Programa de Acción Solidaria (Proasol) continuarían sus procesos de liquidación hasta el 31 de diciembre, debido a compromisos relacionados con financiamiento externo.
La Comisión Técnica Liquidadora reiteró que corresponderá al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas determinar las responsabilidades que procedan a partir de los hallazgos remitidos.