La comisión interventora encargada de evaluar el desempeño de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) concluyó su revisión técnica, administrativa y operativa, determinando la existencia de múltiples irregularidades que llevaron a la decisión de cerrar de forma definitiva esta unidad de la Policía Nacional.
El informe fue dado a conocer por autoridades de la Secretaría de Seguridad, quienes detallaron que durante el análisis se identificaron fallas graves en los procedimientos institucionales, así como posibles conductas ilícitas atribuidas a miembros de la dirección policial, especialmente durante la vigencia del estado de excepción implementado en el país en los últimos años.
El viceministro de Seguridad, Masil Marín Aguilar Amaya, explicó que los hallazgos evidencian actuaciones fuera del marco legal por parte de agentes de la unidad, así como debilidades en el control operativo y administrativo.
Entre los puntos señalados se incluyen incumplimientos en protocolos de registro de operaciones, omisiones en la cadena de mando y posibles actos de encubrimiento relacionados con una misión policial en la que fallecieron cinco agentes.
El informe también detalla la falta de evaluación adecuada de riesgos operacionales, deficiencias en la adopción de medidas de seguridad y la ausencia de comunicación oportuna hacia los niveles superiores de la institución tras el desarrollo de dicha operación.
En relación con un operativo realizado en la zona de Corinto, Cortés, se estableció que el equipo participante no contaba con orden judicial para ejecutar allanamientos, además de no cumplir con los requisitos legales necesarios para proceder sin autorización. Asimismo, se constató que no se completaron los formularios institucionales exigidos ni se coordinó el apoyo de otras autoridades policiales en la zona.
De acuerdo con información incluida en el informe, tampoco existía una planificación real para ejecutar acciones en el departamento de Colón, sino que la operación habría sido dirigida desde su origen hacia el sector de Corinto.
La investigación también expone deficiencias en la gestión interna, como el manejo inadecuado de información confidencial, la administración irregular de fuentes humanas y fallas en la conducción de operaciones policiales. A esto se suman denuncias acumuladas por presuntas irregularidades durante el estado de excepción vigente en administraciones anteriores.
Ante estos resultados, la Secretaría de Seguridad informó que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad resolvió proceder con el cierre definitivo de la Dipampco, estableciendo un proceso de transición ordenado.
Sus funciones serán absorbidas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con el objetivo de dar continuidad a las labores de combate contra la extorsión, las maras, pandillas y el crimen organizado.
El informe también será remitido al Ministerio Público y a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales, a fin de que se determinen responsabilidades penales y administrativas.
Como parte del proceso de reestructuración, todos los miembros de la extinta unidad serán sometidos a evaluaciones de confianza, revisión de antecedentes y procesos de certificación antes de su eventual reasignación.
Las autoridades de Seguridad reiteraron que el proceso forma parte de un esfuerzo de depuración institucional y aseguraron que no se tolerarán prácticas irregulares dentro de las fuerzas del orden, en el marco del fortalecimiento del sistema de seguridad nacional.