El general en condición de retiro y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, recibió auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión, luego de que el Ministerio Público lo acusara de utilizar su posición y la estructura militar para intimidar, estigmatizar y limitar los derechos de periodistas.
Hernández continuará el proceso en libertad, con medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de firmar periódicamente. La audiencia preliminar fue programada para el 14 de septiembre de 2026, a las 9:30 de la mañana, aunque la fecha podría modificarse si se presenta un recurso de apelación, informó la portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo.
El exjefe militar es señalado por los delitos de incitación a la discriminación y limitación de determinados derechos fundamentales. La acusación fue promovida por Rodrigo Wong Arévalo, director y propietario de Canal 10; Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces; el periodista Adán López y Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).
El Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal tras analizar las denuncias de los comunicadores. Entre los hechos señalados figura la publicación, en el periódico digital de las Fuerzas Armadas, de una portada titulada “Sicarios de la Verdad”, una expresión intimidatoria y estigmatizante dirigida contra periodistas que cuestionaron el papel de la institución castrense durante las elecciones primarias del 9 de marzo de 2026.
La conducta atribuida a Hernández no se limita a una publicación ofensiva. También se le acusa de haber solicitado a medios de comunicación revelar sus fuentes periodísticas y de promover acciones contra al menos 13 medios de comunicación, lo que, de comprobarse, evidenciaría un patrón de presión contra la prensa desde una institución armada del Estado.
Durante la audiencia, Juan Carlos Sierra advirtió que el proceso trasciende a los periodistas denunciantes y representa una prueba para la libertad de expresión en Honduras. El caso expone los riesgos de que un alto mando militar convierta los recursos institucionales y el discurso castrense en instrumentos para desacreditar a quienes ejercen el periodismo crítico.
Al salir de los tribunales, Hernández reaccionó molesto y volvió a atacar a los medios de comunicación. En lugar de asumir responsabilidad por los señalamientos, afirmó que durante el proceso electoral de 2025 enfrentó una campaña destinada a dañar su imagen y la de las Fuerzas Armadas.
El exjefe militar también intentó presentar como una amenaza política el trabajo periodístico y las críticas públicas. Afirmó que los intentos de desestabilización pueden desarrollarse mediante campañas de información y redes sociales, y sostuvo que “hoy los golpes de Estado no se dan con las armas”, sino mediante la información y las llamadas “granjas de bots”.
Estas declaraciones resultan especialmente preocupantes por provenir de un exjefe militar que parece equiparar la fiscalización de la prensa con una operación de desestabilización. En una democracia, las preguntas incómodas, las investigaciones periodísticas y las críticas a las Fuerzas Armadas no constituyen golpes de Estado: son controles indispensables frente al poder.
Durante sus declaraciones, Hernández también acusó al periodista Vicente Turcios, de TN5, de formular una pregunta siguiendo instrucciones desde la cabina. El director de TN5, Renato Álvarez, rechazó públicamente esa afirmación y respondió: “Mentiroso, Roosevelt Hernández. Ni he hablado con Vicente”.
El intercambio dejó en evidencia la actitud confrontativa del exjefe militar, quien, en vez de responder por las acusaciones que enfrenta, optó nuevamente por desacreditar a periodistas y cuestionar su independencia. Esa conducta refuerza las preocupaciones de quienes denuncian un intento de intimidación contra la prensa.
Pese a sus cuestionamientos, Hernández manifestó que respetará las decisiones de los tribunales y continuará enfrentando el proceso judicial bajo las medidas impuestas. Sin embargo, el caso ya plantea una pregunta central: si un exalto mando militar puede utilizar el aparato institucional para señalar, presionar y estigmatizar a periodistas sin enfrentar consecuencias, la libertad de expresión queda expuesta a una amenaza directa.