La Asociación para una Sociedad más Justa (Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)) denunció este miércoles un presunto manejo irregular de 113 millones 401 mil 824 lempiras provenientes de recursos del Estado, los cuales habrían sido transferidos a una organización no gubernamental de desarrollo durante la administración anterior.
Según la investigación presentada bajo el nombre “La red de la ONGD multirrubros”, los fondos habrían sido canalizados a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)), el programa Red Solidaria y la ONG “Jóvenes Metas”, constituida en 2017 en La Ceiba.
El informe señala que dicha organización habría operado como una entidad “multirrubro”, utilizada presuntamente como intermediaria para la compra y distribución de diversos bienes y servicios, entre ellos alimentos, juguetes, estufas industriales, calzado y computadoras portátiles.
De acuerdo con ASJ, de los 10 convenios firmados entre las instituciones estatales y la ONG, en nueve casos los desembolsos se realizaron en un solo pago, pese a que la normativa establece que deben ejecutarse en varias etapas. Asimismo, la organización denunciante sostiene que parte de la documentación de liquidación de fondos estaría incompleta y no permitiría identificar plenamente a los beneficiarios finales de los recursos.
El estudio también indica que aproximadamente 4 millones de lempiras no tienen respaldo claro sobre su utilización, mientras que algunos informes habrían sido presentados pocos días antes del cambio de administración gubernamental.
Uno de los señalamientos más graves expuestos por ASJ apunta a un posible conflicto de interés en un convenio por 27 millones de lempiras, destinado a la compra de más de mil computadoras portátiles y cientos de pares de calzado. Según la denuncia, este proceso habría sido avalado por instancias vinculadas a la propia estructura institucional que ejecutaba los programas, lo que podría constituir un esquema de “juez y parte”.
En ese mismo caso, la investigación detalla que cientos de equipos tecnológicos habrían sido entregados sin registros completos de beneficiarios, mientras que otra parte de las computadoras distribuidas en centros educativos carecería de documentación de respaldo institucional.
Asimismo, se reporta la adquisición de calzado destinado a estudiantes universitarios que habría sido recibido por instancias administrativas sin constancias claras de entrega final.
Ante estos hallazgos, ASJ anunció que interpondrá una denuncia formal ante el Ministerio Público contra exautoridades de la Secretaría de Desarrollo Social, entre ellos los exministros José Carlos Cardona y Mirtha Gutiérrez.
La organización también pidió al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas profundizar las investigaciones para determinar posibles responsabilidades civiles y penales, además de recomendar al Poder Ejecutivo limitar el uso de convenios con ONG como mecanismo de ejecución de fondos públicos para evitar elusión de procesos de licitación.