La Comisión Liquidadora del Gobierno presentó este miércoles una denuncia ante el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción en al menos 25 instituciones públicas durante la administración anterior, señalando posibles irregularidades en el manejo de fondos estatales, malversación de recursos y contrataciones.
Los cinco integrantes de la comisión acudieron al ente acusador del Estado para formalizar la denuncia, encabezados por el abogado Leonel Núñez, quien aseguró que durante la revisión de las instituciones encontraron indicios de un presunto uso irregular del dinero público.
«Encontramos bastante corrupción, malversación de dinero, se abusó contra el Estado, dinero que fue utilizado en campañas políticas, fondos que no saben cuál fue su destino, tampoco sabemos a quiénes fue entregado, entre otras irregularidades que deben ser investigadas», declaró Núñez.
El funcionario indicó que el señalamiento comprende 25 instituciones estatales, entre ellas la Secretaría de Transparencia, Red Solidaria y Planificación Estratégica. Sin embargo, sostuvo que corresponde a los organismos contralores y de investigación establecer la cuantía de los recursos presuntamente malversados.
Núñez afirmó que el monto involucrado sería considerable, aunque evitó precisar una cifra y señaló que las autoridades competentes deberán determinar cuánto dinero fue utilizado irregularmente y cuál fue su destino.
Entre las anomalías denunciadas también mencionó las contrataciones de ciudadanos extranjeros durante la administración anterior. Como ejemplo, indicó que a un ciudadano venezolano se le pagaron más de 150 millones de lempiras.
Además de la denuncia presentada ante el Ministerio Público, la Comisión Liquidadora ha promovido acciones ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para que se investiguen posibles irregularidades cometidas por anteriores autoridades en diferentes ministerios.
Tras recibir la documentación, el Ministerio Público informó que los expedientes serán sometidos a un análisis riguroso y a investigaciones técnicas y jurídicas por parte de los equipos fiscales competentes.
La Fiscalía señaló que las diligencias tienen como propósito esclarecer los hechos denunciados y determinar las posibles responsabilidades penales conforme a la legislación hondureña.
La investigación deberá establecer si las irregularidades señaladas constituyen delitos, identificar a los posibles responsables y precisar el alcance de los recursos públicos presuntamente comprometidos.