El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió al Ministerio Público el primer informe en el que identifica indicios de responsabilidad penal relacionados con el presunto manejo irregular de demandas millonarias presentadas contra el Estado hondureño.
El presidente del TSC, Ricardo Montes, informó que la documentación fue enviada para que el ente investigador determine la existencia de posibles delitos derivados de las acciones legales que habrían sido promovidas por abogados particulares en los procesos de embargo contra la cuenta única del Estado.
«El informe ya fue trasladado al Ministerio Público para que desarrolle la investigación correspondiente, luego de encontrar indicios de responsabilidad penal», manifestó el funcionario.
Montes explicó que el Tribunal revisó de manera individual cada uno de los embargos ejecutados contra las finanzas estatales y advirtió que las investigaciones podrían derivar no solo en responsabilidades penales, sino también de carácter civil o administrativo, conforme avancen las diligencias.
Asimismo, señaló que el organismo mantiene abiertas otras líneas de investigación que aún se encuentran en la fase administrativa, por lo que no descartó nuevos hallazgos en los próximos meses.
En relación con la investigación por el vencimiento de 44 mil quintales de frijoles almacenados en una bodega del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) en Danlí, Montes indicó que el TSC analiza si hubo incumplimientos del Estado en los pagos a las empresas involucradas.
El titular del ente contralor agregó que cualquier obligación financiera pendiente con proveedores puede representar una responsabilidad para el Estado, especialmente cuando deriva de procesos de licitación o contratación pública, lo que podría generar deudas y consecuencias administrativas o legales.