El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) mantiene en curso una auditoría financiera y de cumplimiento legal en la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), que incluye la revisión de la administración de recursos durante el gobierno de Xiomara Castro, luego de una denuncia por presuntas irregularidades en la ejecución y liquidación del Bono Tecnológico Productivo.
El portavoz del ente contralor, Rodolfo Isaula, informó que la investigación abarca el período comprendido entre el 27 de enero de 2022 y el 26 de enero de 2026, correspondiente a los años de gestión de la administración anterior.
La comisión auditora fue instalada a inicios de este año con el objetivo de examinar la ejecución presupuestaria de la SAG, los controles administrativos y el cumplimiento de las disposiciones legales en el manejo de fondos públicos.
Dentro del proceso de fiscalización se incorporó una denuncia presentada en mayo pasado relacionada con la presunta falta de liquidación del Bono Tecnológico Productivo, un programa impulsado durante la administración de Castro para beneficiar a productores agrícolas mediante la entrega de insumos.
Isaula explicó que, tras conocerse los señalamientos, el TSC solicitó información a la SAG para integrar la documentación correspondiente al expediente de auditoría y determinar si los procedimientos aplicados durante la gestión anterior cumplieron con los requisitos establecidos.
La revisión incluye documentos, expedientes administrativos y declaraciones de funcionarios o responsables vinculados a la ejecución del programa, con el fin de establecer si existieron fallas en los controles, distribución de recursos o verificación de beneficiarios.
El TSC aclaró que la auditoría no se limita únicamente al Bono Tecnológico Productivo, sino que contempla toda la gestión financiera de la SAG durante los últimos cuatro años, incluyendo el uso del presupuesto asignado y los mecanismos de supervisión aplicados.
Al finalizar el proceso, el organismo contralor emitirá un informe con los hallazgos encontrados y determinará si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales que deban ser remitidas a las autoridades correspondientes.
El TSC señaló que, de confirmarse irregularidades en la administración de recursos públicos durante el gobierno anterior, los responsables deberán responder conforme a la ley; mientras que, si no se detectan anomalías, los resultados también serán comunicados como parte del proceso de transparencia.
La auditoría busca establecer si los fondos destinados al sector agrícola fueron manejados de manera adecuada y si los programas ejecutados por la SAG durante la administración de Xiomara Castro cumplieron con los principios de legalidad, eficiencia y rendición de cuentas.