La jueza federal Jacqueline Becerra dictó sentencia contra Francisco Roberto Cosenza Centeno, quien deberá cumplir cinco años de libertad supervisada bajo arresto domiciliario y monitoreo electrónico, tras declararse culpable de participar en transacciones financieras vinculadas a recursos provenientes de actividades ilícitas en Estados Unidos.
La resolución fue emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, en Miami, luego de que el acusado admitiera responsabilidad en uno de los cargos relacionados con operaciones efectuadas con bienes derivados de actividades criminales, en violación de la legislación federal estadounidense.
De acuerdo con el fallo, los hechos por los cuales fue condenado concluyeron el 30 de junio de 2019. Asimismo, el Gobierno de Estados Unidos solicitó la desestimación de otros dos cargos incluidos inicialmente en la acusación.
Como parte de la sentencia, Cosenza Centeno permanecerá bajo supervisión judicial durante cinco años y deberá cumplir arresto domiciliario con vigilancia electrónica. Durante ese período únicamente podrá salir de su residencia por razones médicas previamente autorizadas y documentadas ante el oficial de probatoria encargado de supervisar el caso.
La Corte también ordenó que el condenado porte un dispositivo de monitoreo electrónico, mantenga una línea telefónica activa en su vivienda y cubra los costos del sistema de vigilancia conforme a sus posibilidades económicas.
Entre las condiciones impuestas se encuentra la prohibición de cometer nuevos delitos, poseer sustancias controladas de forma ilegal o relacionarse con personas vinculadas a actividades criminales sin autorización. Además, deberá informar cualquier cambio de residencia o empleo y cumplir las instrucciones de las autoridades de supervisión.
En el ámbito económico, el tribunal determinó no imponer multas ni pagos de restitución. Sin embargo, ordenó el pago inmediato de una evaluación especial de 100 dólares.
La sentencia también establece que Cosenza Centeno renuncie a cualquier derecho o interés sobre bienes sujetos a decomiso, conforme al acuerdo de culpabilidad alcanzado con las autoridades estadounidenses. En ese sentido, el Gobierno deberá presentar la correspondiente orden de decomiso en los plazos fijados por la Corte.
Finalmente, el condenado estará obligado a notificar a la Fiscalía de Estados Unidos cualquier cambio de nombre o domicilio hasta completar el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la resolución judicial.