Las reformas a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) continúan en discusión en el Congreso Nacional, en medio de señalamientos de sectores políticos que advierten una supuesta privatización, mientras el dictamen establece mecanismos de protección y modernización del sistema eléctrico.
El proyecto en análisis contempla la escisión de la ENEE en áreas de generación, transmisión y distribución, así como la creación de un esquema de operación más eficiente del mercado eléctrico, según el contenido del dictamen revisado en el Legislativo.
Uno de los puntos centrales es el blindaje de los bienes de la estatal, al declararlos de dominio público, inembargables, intransferibles e inalienables, incluyendo embalses, instalaciones y zonas de influencia de centrales hidroeléctricas como El Cajón, Cañaveral–Río Lindo y Patuca III.
El articulado también prohíbe cualquier ocupación o uso no autorizado de estos activos y establece que las transferencias de infraestructura estatal hacia la ENEE y sus subsidiarias serán consideradas aportes de capital, manteniendo su carácter público y bajo control del Estado.
Asimismo, el dictamen garantiza la continuidad de los derechos laborales de los trabajadores, la vigencia de la contratación colectiva y la permanencia de la afiliación sindical dentro de la estatal eléctrica, pese a la reorganización institucional.
En el ámbito financiero, se establece que las acciones de las subsidiarias no podrán ser vendidas ni utilizadas como garantía sin autorización del Congreso Nacional, reforzando el control estatal sobre la estructura resultante de la reforma.
El proceso cuenta además con respaldo de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, CAF y BCIE, que han señalado la importancia de avanzar hacia un sector más moderno, transparente y sostenible.
El dictamen, compuesto por 18 artículos, modifica disposiciones de la Ley General de la Industria Eléctrica y continúa su trámite legislativo, en un contexto de debate político sobre el alcance de la reestructuración del sistema energético del país.