La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) manifestaron este miércoles su preocupación por el lenguaje empleado por el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa al resolver una petición relacionada con el espacio disponible para la audiencia inicial del proceso contra el general Roosevelt Leonel Hernández Aguilar.
Las organizaciones señalaron que algunas expresiones incluidas en la resolución podrían resultar estigmatizantes para periodistas, comunicadores, víctimas y defensores de derechos humanos interesados en asistir como observadores al proceso judicial.
ASOPODEHU y JOPRODEH sostienen que la presencia y vigilancia ciudadana en este tipo de procedimientos no representan una alteración del orden, sino un ejercicio legítimo que contribuye a la transparencia y al fortalecimiento de la democracia.
En su pronunciamiento, ambas organizaciones recordaron que los estándares internacionales de derechos humanos reconocen la importancia de proteger la labor de quienes defienden derechos fundamentales. También citaron referencias de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según las cuales los discursos estigmatizantes emitidos desde las autoridades pueden desacreditar esta labor y generar condiciones adversas para su ejercicio.
Asimismo, expresaron su rechazo a cualquier medida que limite injustificadamente la participación de periodistas, observadores o defensores de derechos humanos bajo el argumento de que su presencia podría afectar el desarrollo de las audiencias.
Las instituciones reconocieron que corresponde a los órganos jurisdiccionales mantener el orden y garantizar la seguridad durante los procesos, pero advirtieron que estas responsabilidades deben conciliarse con el principio de publicidad de la justicia, especialmente cuando se trata de casos de interés público.
Finalmente, ASOPODEHU y JOPRODEH defendieron el derecho de periodistas, observadores y defensores a acompañar y dar seguimiento al proceso contra Hernández Aguilar. A su criterio, garantizar una justicia pública, transparente y susceptible de observación ciudadana resulta esencial para fortalecer la confianza en el sistema judicial y las instituciones democráticas.