La Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente en Honduras continúa sin una aplicación efectiva, debido a que aún no cuenta con un reglamento que establezca los mecanismos para su ejecución, además de la ausencia de un presupuesto específico para su funcionamiento.
El coordinador de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), Jimmy Alvarenga, señaló que, aunque el país dispone desde 2022 de una normativa destinada a atender el desplazamiento forzado interno, esta permanece limitada al no contar con las herramientas necesarias para ponerla en práctica.
Alvarenga explicó que el reglamento es fundamental para definir los procedimientos, responsabilidades institucionales y acciones concretas que permitan aplicar la ley. Asimismo, indicó que organismos internacionales y especialistas han recomendado su elaboración como un paso necesario para garantizar la protección de las personas afectadas.
“Al no existir una forma de operacionalizar la ley y tampoco contar con un presupuesto claro, su aplicación continúa estancada”, manifestó el representante de COIPRODEN.
Además, cuestionó que las prioridades presupuestarias de los gobiernos han dificultado la asignación de recursos para implementar esta normativa, señalando que aprobar leyes sin garantizar fondos ni mecanismos de ejecución se convierte en una barrera para responder a las necesidades de la población.
El representante de COIPRODEN hizo un llamado al Estado para avanzar en la implementación de la legislación, ante el incremento de casos de desplazamiento interno provocado principalmente por la violencia y otros factores que obligan a familias hondureñas a abandonar sus comunidades.
Organismos internacionales han advertido que entre los sectores más vulnerables por este fenómeno se encuentran niños, niñas y adolescentes, quienes enfrentan mayores riesgos y afectaciones a sus derechos al verse obligados a dejar sus hogares.