El diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, cuestionó el pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que advirtió sobre posibles riesgos de violaciones a los derechos humanos por la aplicación de las reformas penales y penitenciarias en Honduras.
El congresista manifestó que hará “caso omiso” a las observaciones del organismo internacional, al considerar que las reformas responden a una decisión soberana del Estado hondureño para recuperar la paz y la tranquilidad en el país.
Bertrand aseguró que la defensa de los derechos humanos también debe contemplar a las personas y familias que viven bajo amenazas de las estructuras criminales, particularmente de aquellas dedicadas a la extorsión.
“Yo me pregunto por qué cada vez que un país se toma determinaciones de recrudecer la lucha contra estas bandas criminales, aparecen estos comunicados”, cuestionó.
El parlamentario sostuvo que las personas que cometen delitos deben permanecer en prisión para evitar que continúen perjudicando a la sociedad. En ese sentido, afirmó que las acciones contra las organizaciones criminales no se detendrán.
“No vamos a retroceder, los derechos humanos también son de las familias que viven bajo amenaza de los extorsionadores”, expresó.
Asimismo, Bertrand reprochó que la OACNUDH no haya emitido pronunciamientos similares ante otros hechos violentos registrados en el país. Como ejemplo, mencionó los acontecimientos en la colonia Villanueva, donde personas fueron desalojadas violentamente de sus viviendas.
También recordó los asesinatos de conductores del transporte público que fueron víctimas de estructuras criminales por negarse a pagar extorsiones.
“¿Por qué no sacaron estos comunicados cuando murieron centenares de conductores de autobuses asesinados por este grupo criminal y por no pagar extorsión?”, manifestó.
Finalmente, el diputado cuestionó que las advertencias del organismo internacional surjan precisamente cuando el Estado hondureño busca endurecer las medidas contra las estructuras delictivas y fortalecer las acciones para combatir la criminalidad.

