El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción suspendió temporalmente, por un período de cinco días, la orden de captura y alerta roja internacional contra el excoordinador de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina Rodríguez, investigado por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude y lavado de activos.
La resolución judicial, emitida el 3 de noviembre de 2026, ordena a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) dejar temporalmente sin valor y efecto la orden de aprehensión que había sido librada el 16 de agosto de 2025. La medida permitirá que el exfuncionario pueda presentarse voluntariamente ante los tribunales hondureños.
Según las investigaciones del Ministerio Público, Molina Rodríguez estaría relacionado con presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para adquirir 400 mil tarjetas de plástico a una empresa que, de acuerdo con el expediente, tenía apenas dos meses de haber sido constituida.
Por esta operación se habría efectuado un pago de 18.5 millones de lempiras con recursos provenientes de la Tasa de Seguridad. La Fiscalía sostiene que el exfuncionario estaba inhabilitado para celebrar contratos con el Estado debido al cargo que ocupaba en dicha institución.
El expediente también señala que las tarjetas fueron suministradas por una empresa extranjera con sede en Estados Unidos, cuyo propietario fue extraditado a ese país y posteriormente condenado.
En el ámbito judicial, la defensa de Molina Rodríguez ya se ha apersonado ante los órganos jurisdiccionales para realizar las gestiones necesarias y facilitar su comparecencia ante la justicia hondureña.
Con la suspensión temporal de la orden de captura, el excoordinador de la Tasa de Seguridad tendrá la oportunidad de presentarse a la audiencia de declaración de imputado, en la que deberá responder por los señalamientos formulados por el Ministerio Público.
La disposición judicial tendrá una vigencia de cinco días, período durante el cual se espera conocer las actuaciones de la defensa y las decisiones que adopten las autoridades competentes.

