La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, cuestionó el desempeño histórico del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y señaló que, pese a las expectativas generadas desde su creación en 1994, los resultados obtenidos no han cumplido con lo esperado en casos de alto impacto.
Castellanos afirmó que uno de los principales problemas radica en el proceso de selección de los fiscales generales, al considerar que en ocasiones los sectores políticos priorizan la afinidad sobre la independencia y la capacidad profesional. A su criterio, esto podría limitar la autonomía del ente encargado de la persecución penal.
La socióloga sostuvo que las investigaciones impulsadas contra actos de corrupción no han terminado en la cantidad de sentencias condenatorias que la ciudadanía esperaba, pese a que la creación del Ministerio Público fue vista como una herramienta clave para fortalecer el Estado de derecho.
Además, cuestionó que anteriores fiscales y el actual titular del organismo hayan podido estar influenciados por intereses de grupos de poder, lo que, según expresó, afecta la confianza en la institución y su capacidad para actuar de manera independiente.
Durante sus declaraciones también se refirió al papel de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), señalando que su trabajo perdió respaldo cuando algunas investigaciones alcanzaron a sectores políticos. La misión, creada en 2016 mediante un acuerdo entre Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA), dejó de operar en 2020 tras no renovarse su mandato.
Sobre la propuesta de establecer un nuevo mecanismo internacional anticorrupción con respaldo de Naciones Unidas, Castellanos indicó que, aunque fue una promesa política del Partido Libertad y Refundación (Libre), el proyecto no avanzó más allá de un memorándum de entendimiento debido a diferencias relacionadas con su estructura y control.
La exrectora también criticó la falta de voluntad política para impulsar reformas profundas contra la corrupción y afirmó que existe un riesgo de utilizar la justicia como una herramienta de presión o negociación política.
Finalmente, Castellanos mencionó el compromiso del presidente Nasry Asfura con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) para promover una instancia de combate a la impunidad, aunque expresó dudas sobre que dicha iniciativa llegue a concretarse. Aseguró que Honduras necesita un Ministerio Público con mayor independencia, capacidad técnica e integridad institucional.