Al menos dos menores de edad son atendidos cada semana en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza por afectaciones psicológicas relacionadas con abusos sexuales ocurridos, en varios casos, dentro de sus propios hogares, informó la directora del centro asistencial, Montserrat Arita.
La funcionaria explicó que los niños y niñas llegan al hospital remitidos por Medicina Forense del Ministerio Público, después de que sus familiares o tutores presentan denuncias formales por los hechos.
Arita expresó preocupación porque los casos involucran a menores que fueron vulnerados precisamente en espacios donde deberían contar con protección y seguridad.
“Son niños en el seno de una familia, de un hogar. Y estamos hablando de abuso sexual”, señaló la directora, quien enfatizó la gravedad de que personas responsables del cuidado de los menores sean señaladas por atentar contra sus derechos.
Ante esta situación, hizo un llamado a la sociedad para no minimizar ni normalizar ninguna forma de violencia contra la niñez y destacó la responsabilidad colectiva de proteger a los menores.
“La niñez no es el futuro de Honduras, es el presente de Honduras”, afirmó Arita, al remarcar que la vulnerabilidad de los niños no puede convertirse en un factor para atentar contra su integridad y dignidad.
Cuestiona exposición de menor en redes sociales
La directora del Hospital Mario Mendoza también se pronunció sobre un caso registrado recientemente en el departamento de El Paraíso, donde un menor fue grabado y expuesto en redes sociales por dos creadores de contenido.
En las imágenes difundidas, el niño fue sometido a un corte de cabello y posteriormente recibió 500 lempiras. Arita calificó la acción como “una grosería” y sostuvo que quienes participaron deben responder ante las autoridades correspondientes.
El caso ya generó acciones judiciales. Urías Jabin Lobo, uno de los creadores de contenido involucrados, recibió detención judicial luego de comparecer en la audiencia de declaración de imputado.
La situación vuelve a poner en debate la necesidad de reforzar la protección de los menores frente a cualquier forma de abuso, exposición o trato degradante, tanto dentro del entorno familiar como en espacios públicos y digitales.