Las autoridades de seguridad y la Secretaría de Finanzas se comprometieron ante el Congreso Nacional a identificar los recursos necesarios para construir una nueva cárcel de máxima seguridad en Honduras, cuyo inicio de obras está previsto para finales de 2026.
El compromiso se estableció durante una reunión entre la junta directiva del Poder Legislativo y representantes de la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional, la Agencia Nacional contra el Crimen Organizado, la Secretaría de Finanzas y el Instituto Nacional Penitenciario (INP).
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que la moción aprobada por los diputados autoriza la búsqueda de fondos para ejecutar el proyecto penitenciario. Según indicó, el Gobierno instruyó a la Secretaría de Finanzas a identificar los recursos que permitan construir el centro destinado al confinamiento de integrantes de grupos considerados terroristas.
Zambrano detalló que actualmente se analizan entre tres y cuatro terrenos como posibles ubicaciones para la nueva prisión. La selección se realizará después de efectuar visitas a los sitios y determinar cuál reúne las mejores condiciones.
El titular del Legislativo estimó que la construcción podría comenzar a finales del presente año y que la primera etapa requeriría aproximadamente diez meses para completarse.
Prevén recluir a 1,300 personas bajo un régimen estricto
De acuerdo con Zambrano, el centro penitenciario tendrá capacidad para albergar a 1,300 privados de libertad, quienes estarán sujetos a condiciones de máxima seguridad.
El funcionario afirmó que los reclusos tendrán acceso al sol durante una hora a la semana, dispondrán de media hora para hacer ejercicio y no tendrán comunicación. Según explicó, estas restricciones buscan impedir que continúen ordenando extorsiones y homicidios desde el interior de las cárceles.
Asimismo, pidió a la población hondureña respaldar la iniciativa y sostuvo que el proyecto representa un «bien mayor», al considerar que contribuirá a controlar la delincuencia en las calles.
Seguridad y sistema penitenciario respaldan la iniciativa
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, reafirmó el compromiso de impulsar un nuevo modelo de seguridad orientado a detener a los responsables de hechos violentos y actividades criminales.
El funcionario manifestó que las medidas previstas permitirán consolidar el sistema de seguridad del país.
En tanto, el director del Instituto Nacional Penitenciario, Walter Lacayo, señaló que la propuesta ha recibido el respaldo de las bancadas del Congreso Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Lacayo explicó que se trabaja en la creación de espacios destinados a mantener a los privados de libertad catalogados como terroristas bajo regímenes de máxima y alta seguridad. Añadió que la nueva infraestructura también contribuiría a proteger a los agentes y funcionarios penitenciarios encargados de la custodia de los reclusos.
El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, expresó su compromiso de cumplir con el mandato de identificar los recursos necesarios para desarrollar las capacidades técnicas y de infraestructura que requiere el proyecto.
La construcción de la nueva cárcel dependerá de la identificación de los fondos y de la selección definitiva del terreno, mientras las autoridades avanzan en la planificación del centro penitenciario.