El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, afirmó que las reformas penales que se discuten en el Congreso Nacional buscan fortalecer las capacidades de investigación y combate al crimen organizado en Honduras, con el objetivo de reducir delitos como los homicidios, la extorsión y el narcomenudeo.
El funcionario explicó que los alcances de las propuestas legislativas fueron abordados durante una reunión con representantes del sector privado, en la que se analizaron medidas relacionadas con los procedimientos de detención y las actuaciones policiales.
Entre las iniciativas en discusión mencionó la ampliación de los términos de 24 y 48 horas, así como la regulación de la flagrancia permanente como requisito para realizar arrestos y allanamientos sin una orden judicial, según detalló.
Reducción de la edad punible
Velásquez también se refirió a las propuestas planteadas por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, luego de su visita a El Salvador, entre ellas la reducción de la edad punible.
Al respecto, señaló que se trata de una iniciativa del Poder Legislativo y que la Secretaría de Seguridad deberá aplicar las disposiciones que finalmente sean aprobadas por los diputados.
El ministro argumentó que las organizaciones criminales han utilizado a distintos sectores de la población, incluidos menores de edad, para cometer actividades ilícitas. Por ello, sostuvo que la legislación debe responder a las condiciones y los desafíos que enfrenta Honduras.
Sector privado respalda estrategia de seguridad
El titular de Seguridad manifestó su satisfacción por el respaldo expresado por integrantes de la junta directiva de la Cámara de Comercio, entre ellos algunos expresidentes de esa organización empresarial.
Indicó que estos encuentros tienen como finalidad explicar los alcances de la estrategia de seguridad, compartir información sobre las estadísticas delictivas y contrarrestar la desinformación que, a su criterio, contribuye a generar percepciones alejadas de la realidad.
Velásquez reconoció que la extorsión sigue siendo uno de los principales problemas de seguridad, especialmente para los pequeños empresarios. En ese sentido, consideró que reducir la capacidad operativa de las principales estructuras criminales contribuiría a disminuir este delito y otras actividades ilícitas que afectan a la población.
Investigación y tecnología, entre los desafíos
El funcionario agregó que la estrategia gubernamental también incluye el seguimiento de los movimientos financieros de las organizaciones criminales, con el propósito de impedir que el dinero obtenido mediante actividades ilícitas continúe financiando sus operaciones.
Asimismo, reconoció que todavía existen dificultades en materia de investigación y que se requiere mejorar algunas disposiciones legales e invertir en tecnología.
Según Velásquez, su administración trabaja en recuperar sistemas y capacidades técnicas y científicas que, afirmó, fueron abandonados durante la gestión anterior.