La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) acumuló un déficit de L11,187 millones durante el primer semestre de 2026, mientras sus ingresos por venta de energía apenas cubren el 65 % de sus gastos, según un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través de Potencia Honduras.
El estudio señala que las pérdidas de energía alcanzaron L8,469 millones entre enero y julio, convirtiéndose en el principal factor detrás del deterioro financiero de la estatal eléctrica.
Para cubrir parte de este déficit, el Estado colocó L10,250 millones en bonos durante 2026, mientras la deuda histórica de la ENEE asciende a L124,458 millones, un incremento de unos L20,000 millones en 14 meses.
Pérdidas y fallas en el sistema
El informe advierte que aproximadamente L10,612 millones se pierden cada año por causas no técnicas, entre ellas el hurto de energía, conexiones clandestinas y manipulación de medidores.
A esto se suma que más de 290,000 usuarios esperan la instalación de un contador, mientras alrededor de 350,000 familias reciben facturación basada en consumos promediados.
ASJ también cuestiona los resultados de anteriores programas para reducir las pérdidas. La extinta Empresa Energía Honduras (EEH) concluyó con pérdidas de 27.17 %, mientras que el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) cerró con un nivel de 34.55 %.
Proponen plan focalizado
Potencia Honduras plantea concentrar los esfuerzos en los 20 circuitos con mayores pérdidas, 14 de ellos ubicados en el Valle de Sula, con el objetivo de reducirlas al 15 %.
De acuerdo con el informe, esta medida permitiría recuperar aproximadamente L3,401 millones al año, equivalentes a unos L9.3 millones diarios.
La organización también plantea fortalecer la supervisión independiente, transparentar la liquidación del PNRP, aplicar sanciones contra el fraude eléctrico y establecer un nuevo plan con metas, indicadores y responsables claramente definidos.
El informe advierte que la reducción de pérdidas requiere una gestión técnica y transparente de la ENEE, debido al impacto que el deterioro financiero de la estatal tiene sobre las finanzas públicas y los recursos destinados a otros servicios esenciales.