Una alta funcionaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó a la Supervisión General del Poder Judicial abrir una investigación sobre actuaciones de funcionarios de los Juzgados de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, ante posibles irregularidades en la homologación de transacciones y mecanismos alternos de solución de conflictos que podrían ocasionar perjuicios económicos al Estado de Honduras.
La petición fue formulada mediante una exhortativa de carácter urgente, a raíz de señalamientos contra algunos jueces que presuntamente estarían homologando acuerdos desfavorables para el Estado, incluso en posible contradicción con jurisprudencia y resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó a Proceso Digital que la funcionaria solicitante no fue identificada públicamente. Detalló que la petición está relacionada con el oficio número 06-DPR-2026 y con una investigación previamente realizada por la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con Silva, la instrucción contempla que, si durante la revisión se detectan indicios de responsabilidad penal, las actuaciones sean remitidas de manera inmediata al Ministerio Público para que determine las acciones correspondientes conforme a la ley.
El funcionario indicó que inicialmente serán examinados alrededor de 50 expedientes correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026. Los casos involucran actuaciones de personal de los Juzgados de Letras del Trabajo de Francisco Morazán.
La investigación se originó a partir de denuncias recibidas durante los primeros meses de 2026, que motivaron la revisión de los procedimientos relacionados con transacciones y mecanismos alternos de solución de conflictos en los juzgados señalados.
La Supervisión General del Poder Judicial deberá determinar si existieron irregularidades en los expedientes bajo análisis y, de encontrarse elementos que pudieran constituir responsabilidad penal, estos serían puestos a disposición del Ministerio Público.