La Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción confirmó el auto de formal procesamiento contra el exgerente de Koriun Inversiones, Iván Abad Velásquez Castro, informó este viernes Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Según explicó Silva, el tribunal declaró no ha lugar los agravios presentados por los equipos de defensa de los imputados en el proceso relacionado con Koriun Inversiones, por lo que se mantienen las resoluciones adoptadas previamente.
En el caso de Velásquez Castro, el auto de formal procesamiento se mantiene por los delitos de lavado de activos, desobediencia, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones de uso prohibido y permitido, y asociación para delinquir.
“Es decir, que se confirma el auto de formal procesamiento que le fue dictado a Iván Abad Veláquez Castro”, señaló Silva, quien agregó que el imputado continuará sometido al proceso judicial y deberá cumplir la medida de prisión preventiva.
El portavoz de la CSJ también indicó que, hasta este viernes, las partes procesales no habían solicitado una nueva revisión de medidas, luego de que una petición anterior fuera declarada no ha lugar.
Confirman medidas para otros tres imputados
La Corte de Apelaciones también ratificó el auto de formal procesamiento y las medidas cautelares impuestas desde la audiencia inicial a Marcos Abel Villeda Galdámez y Juan Carlos García Ríos, ambos procesados por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir.
En tanto, para Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, acusada por los mismos delitos, el tribunal confirmó tanto el auto de formal procesamiento como las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva dictadas por el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada.
Silva explicó que Gavarrete Sánchez continuará enfrentando el proceso en libertad, debido a su condición de posnatal, la cual logró acreditar durante una revisión de medidas.
Entre las disposiciones que deberá cumplir figuran el arresto domiciliario, sometimiento a vigilancia, prohibición de abandonar el territorio determinado, prohibición de concurrir a lugares determinados y prohibición de comunicación en los términos establecidos, además de la caución rendida a favor del Estado.