La justicia hondureña declaró culpables a 11 exintegrantes de la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), acusados de haber colocado evidencias falsas contra dos ciudadanos filipinos durante un operativo irregular, informó el portavoz del Poder Judicial, Josué Salinas.
El Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción determinó la responsabilidad penal de los acusados por hechos ocurridos el 13 de noviembre de 2023 en la colonia Real del Puente, en Villanueva, Cortés.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los exagentes habrían ingresado sin orden judicial a una vivienda, donde posteriormente se habrían cometido abusos, privación de libertad y el supuesto montaje de pruebas para incriminar a las víctimas.
Los 11 condenados fueron identificados como Bertha Janina Alemán Antúnez, Yony Omar Raudales Núñez, Nerys Desiderio Mejía Rodríguez, Fernando Josué Castellanos Canales, Wilmer Joel López Gómez, Esdras Sadrat Amaya Martínez, Evely Dalian Triminio Gonzales, Andy Josué Pérez Zelaya, Elvin Antonio Ramos, Wuilson Isaac Bonilla Hernández y Lener Gilberto Quintanilla Gallardo.
Los delitos por los que fueron hallados culpables incluyen allanamiento por funcionario público, robo con violencia e intimidación agravada continuada, privación ilegal de la libertad, falsificación de documentos públicos y tortura. Las audiencias de individualización de penas se realizarán en distintas fechas, debido a que no todos los exagentes recibieron la misma tipificación penal.
El caso surgió tras una serie de investigaciones que revelaron presuntas irregularidades en la actuación policial durante el operativo.
En el ámbito institucional, la extinta Dipampco fue disuelta por decisión del Gobierno hondureño durante una sesión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), en la que también se ordenó la creación de una nueva división antiextorsión adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
La medida fue adoptada durante la administración del presidente Nasry Asfura, como parte de una reestructuración de unidades especializadas de seguridad.