El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó un informe en el que expone una serie de presuntas irregularidades administrativas, financieras y legales ocurridas en el Fondo Social para la Vivienda (Fosovi), institución que durante los últimos años estuvo bajo la conducción de funcionarios nombrados en el marco del gobierno de Xiomara Castro, incluyendo al exdirector ejecutivo Gilberto Ríos Munguía.
El documento denominado “Tierra de Nadie: Fosovi, un paraíso de la corrupción amparado en la mala gestión” revela, según el CNA, un escenario marcado por falta de controles internos, ausencia de información financiera actualizada, pagos cuestionados, incumplimientos con instituciones de seguridad social y contrataciones de personal sin cumplir los requisitos establecidos.
La organización anticorrupción aclaró que el informe no representa una sentencia judicial, sino una investigación basada en documentación oficial obtenida durante el proceso de liquidación de la institución ordenado mediante el Decreto Ejecutivo PCM-004-2026. Sin embargo, señaló que los hallazgos podrían constituir indicios de responsabilidad penal que deberán ser investigados por las autoridades correspondientes.
Señalamientos contra Gilberto Ríos y directivos de Fosovi
Entre los nombres señalados en el informe figura Gilberto Ríos Munguía, quien ocupó la dirección ejecutiva del Fosovi, junto con otros exfuncionarios, por presuntas omisiones en la administración de recursos y el manejo institucional.
El CNA indicó que existen posibles responsabilidades por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionarios, debido a que los responsables de la conducción de la entidad no habrían garantizado la existencia de controles administrativos, registros financieros completos ni la documentación necesaria para transparentar la gestión pública.
Uno de los principales cuestionamientos es la ausencia de estados financieros desde marzo de 2020. Según la investigación, el Fosovi únicamente contaba con información contable hasta el primer trimestre de ese año, mientras que las conciliaciones bancarias presentaban retrasos y carecían de documentación de respaldo.
El organismo anticorrupción afirmó que entre 2022 y 2025 se registraron movimientos bancarios superiores a los 52 millones de lempiras en ingresos y más de 51 millones en egresos, pero una parte significativa de esos recursos no tendría una trazabilidad contable clara.
Millonarias obligaciones con seguridad social
Otro de los hallazgos más críticos del informe está relacionado con las retenciones efectuadas a los empleados por concepto de aportaciones al Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El CNA señaló que, pese a que los valores fueron descontados de las planillas, no existe evidencia suficiente de que hayan sido trasladados oportunamente a las instituciones correspondientes.
En el caso del IHSS, la deuda acumulada supera los dos millones de lempiras, de los cuales, según el informe, más de 516 mil lempiras corresponderían al período de gestión de Gilberto Ríos Munguía.
La organización indicó que esta situación podría configurar indicios de fraude contra la seguridad social, al haberse retenido fondos destinados a la protección laboral de los trabajadores sin comprobar su pago efectivo.
Críticas a la gestión del gobierno de Xiomara Castro
Los hallazgos del CNA colocan nuevamente bajo cuestionamiento la capacidad de administración y supervisión del gobierno de Xiomara Castro, debido a que varias de las irregularidades documentadas ocurrieron durante una etapa en la que la institución permaneció operativa bajo autoridades designadas por la actual administración.
El informe plantea interrogantes sobre los mecanismos de control implementados por el Ejecutivo para garantizar transparencia en entidades públicas y evitar que instituciones creadas con fines sociales terminaran operando, según el CNA, con deficiencias administrativas y financieras.
Aunque la investigación no atribuye responsabilidad directa a la presidenta Xiomara Castro, sí expone fallas dentro de estructuras bajo su gobierno, particularmente en el seguimiento y fiscalización de funcionarios responsables de administrar recursos estatales.
Pagos cuestionados y presuntas contrataciones irregulares
El CNA también documentó pagos que considera indebidos por concepto de gastos de representación, señalando especialmente al exdirector Juan Ramón Cruz Carbajal y a la exsubdirectora Lícida Xiomara Zelaya Lobo.
Asimismo, identificó casos de contrataciones de empleados que presuntamente no cumplían con los requisitos establecidos en el manual de puestos de la institución, incluyendo nombramientos en áreas administrativas, financieras y técnicas sin la formación o experiencia requerida.
La investigación también cuestionó decisiones tomadas durante el proceso final de liquidación del Fosovi, entre ellas un nombramiento interno considerado irregular por el CNA, al señalar que la designación del director ejecutivo correspondía exclusivamente al Poder Ejecutivo.
Una institución creada para vivienda terminó bajo investigación
El Fosovi fue creado originalmente para facilitar el acceso a vivienda a familias de bajos ingresos; sin embargo, el CNA concluyó que la falta de controles, la ausencia de información financiera confiable y las decisiones administrativas cuestionadas provocaron un deterioro institucional que afectó la capacidad de cumplir con su objetivo social.
El organismo anticorrupción afirmó que los hallazgos deben servir para fortalecer los mecanismos de vigilancia en la administración pública y evitar que instituciones destinadas a atender necesidades sociales sean afectadas por prácticas que comprometan los recursos del Estado.