El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reveló este miércoles una nueva investigación relacionada con un supuesto manejo irregular de fondos en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), caso que involucra al exdirector de la institución, Marco Antonio Zelaya, y a la exjefa de la Unidad de Administración y Gestión, Andrea Carolina Zavala.
Durante la presentación del informe, la directora del CNA, Gabriela Castellanos, aseguró que la movilización de 26 millones de lempiras no puede considerarse un error administrativo menor, debido al impacto financiero e institucional que representa para el Estado.
Según explicó, la investigación identificó decisiones internas que habrían permitido la entrega irregular de recursos que estaban bajo custodia estatal, comprometiendo los controles y mecanismos de supervisión de la entidad.
Castellanos detalló que el 17 de diciembre de 2024 una empresa bajo administración de la OABI solicitó un préstamo puente por 25 millones de lempiras, procedimiento que inicialmente seguía el trámite habitual. Sin embargo, señaló que apenas un día después la operación cambió de denominación y pasó a registrarse como “apoyo financiero temporal”, una figura que, según el CNA, no está contemplada dentro del reglamento interno de la institución.
Para el organismo anticorrupción, esa modificación habría servido para evitar requisitos legales y flexibilizar los controles necesarios para autorizar el desembolso de fondos públicos.
La titular del CNA indicó que el caso adquirió mayor gravedad cuando posteriormente se realizó un desembolso adicional que elevó el monto a 26 millones de lempiras, sin que existieran evidencias técnicas, documentación de respaldo o pagos efectuados por parte de la empresa beneficiada.
Asimismo, cuestionó quién asumirá la responsabilidad en caso de que un juzgado ordene la devolución de esos recursos y advirtió que este tipo de acciones podrían traducirse en futuras demandas contra el Estado hondureño.
El CNA también planteó dudas sobre si este mecanismo fue utilizado en más de una ocasión durante la administración anterior de la OABI, señalando la posibilidad de que se tratara de una práctica recurrente dentro de la institución.
Castellanos sostuvo que la corrupción no únicamente se refleja en el robo directo de dinero público, sino también en la alteración de normas y procedimientos para favorecer decisiones fuera del marco legal.
Finalmente, enfatizó que los bienes y recursos administrados por la OABI no pertenecen a quienes los custodian, por lo que su manejo debe realizarse bajo estrictos criterios de transparencia, legalidad y responsabilidad institucional.