La finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de hondureños representa mucho más que un problema migratorio, ya que, a criterio de la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, también pone en evidencia las deficiencias acumuladas durante décadas por los gobiernos que han dirigido el país.
En su columna semanal difundida a través de redes sociales, Castellanos cuestionó que la situación de los migrantes hondureños sea atribuida únicamente a las nuevas decisiones adoptadas por las autoridades estadounidenses. Consideró que el cierre del programa de protección también obliga a revisar las condiciones que durante años han llevado a miles de ciudadanos a abandonar Honduras.
De acuerdo con las cifras citadas por la directora del CNA, hasta el 20 de agosto más de 30 mil hondureños habían sido deportados, de los cuales 27 mil 828 regresaron por vía aérea desde Estados Unidos.
Para Castellanos, estos números reflejan el impacto de una política migratoria estadounidense cada vez más estricta, pero también representan una señal de las dificultades que enfrenta Honduras para generar oportunidades económicas y sociales suficientes para su población.
La funcionaria atribuyó parte de esta problemática a años de corrupción, debilitamiento institucional y utilización indebida de los recursos públicos. Según su análisis, distintas administraciones no lograron consolidar condiciones adecuadas en áreas fundamentales como empleo, salud, educación e infraestructura.
Castellanos sostuvo además que la migración terminó convirtiéndose en un componente importante de la economía hondureña. Recordó que durante 2025 el país recibió aproximadamente 12 mil millones de dólares en remesas familiares, monto equivalente a cerca del 30 % del Producto Interno Bruto (PIB).
A su juicio, durante ocho administraciones gubernamentales la salida de hondureños se volvió, indirectamente, un mecanismo que ayudó a sostener la estabilidad económica mediante el dinero enviado desde el extranjero, mientras el país continuaba enfrentando dificultades para generar empleos y oportunidades dentro de sus propias fronteras.
La directora del CNA también cuestionó la respuesta institucional ante el retorno de los migrantes. Criticó que las autoridades reciban a los deportados con mensajes de solidaridad y paquetes de asistencia, pero posteriormente estos ciudadanos deban regresar a comunidades donde persisten problemas de desempleo, pobreza, inseguridad y falta de oportunidades.
En ese sentido, advirtió que Honduras enfrenta una contradicción: el mismo Estado que, según su valoración, no consiguió evitar que miles de personas buscaran mejores condiciones fuera del país, ahora debe enfrentar el desafío de reincorporarlas sin contar necesariamente con las capacidades suficientes para garantizar su reinserción económica y social.
Castellanos consideró que el fin del TPS debe servir como una llamada de atención para revisar las políticas públicas y las condiciones internas que han alimentado durante años la migración hondureña.
La funcionaria concluyó que el país se encuentra ante el reto de construir oportunidades dentro de sus fronteras, en lugar de depender de la salida de su población y de las remesas que esta genera desde el extranjero. Para ella, el cierre de la protección migratoria obliga a Honduras a enfrentar las consecuencias de un modelo que no ha logrado ofrecer bienestar suficiente a buena parte de sus ciudadanos.