Honduras reafirma respeto al derecho internacional tras desaparición de la Corte Centroamericana de Justicia

El Gobierno de Honduras reiteró su compromiso con el cumplimiento del derecho internacional luego del cierre oficial de funciones de la Corte Centroamericana de Justicia (CCAJ), organismo regional que quedó sin vigencia tras la salida de varios Estados miembros.

A través de un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, las autoridades hondureñas señalaron que la disolución del ente regional se produjo después de que Nicaragua, Honduras y El Salvador denunciaran el convenio constitutivo del tribunal en distintas fechas entre 2025 y 2026.

Según la Cancillería, la retirada de estos países dejó sin sustento jurídico a la Corte, provocando la pérdida de su personalidad jurídica internacional y el cese definitivo de sus operaciones.

El gobierno hondureño explicó además que, al extinguirse el convenio principal, también quedó sin efecto el Acuerdo de Sede firmado entre Nicaragua y la CCAJ. Bajo ese escenario, Honduras reconoció el derecho soberano del Estado nicaragüense para establecer disposiciones migratorias dentro de su territorio, especialmente en relación con personas vinculadas al organismo regional.

No obstante, las autoridades hondureñas enfatizaron que la decisión de abandonar la Corte fue adoptada de manera soberana y conforme a las normas internacionales vigentes. Asimismo, solicitaron que cualquier acción emprendida por Nicaragua contra ciudadanos hondureños relacionados con la institución se lleve a cabo respetando sus derechos fundamentales, garantías consulares y condiciones dignas.

La Cancillería informó también que ya se desarrollan coordinaciones con las instancias correspondientes para ejecutar el cierre administrativo y operativo de la entidad regional, proceso que incluye la liquidación de personal y otros procedimientos internos.

Finalmente, el Gobierno aseguró que continuará trabajando junto a los países involucrados para garantizar que el proceso de clausura de la Corte se realice de forma transparente, ordenada y en apego al marco jurídico internacional.

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