La abogada Naama Ávila se suma a las voces que analizan la polémica operación financiera del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), que destinó 900 millones de lempiras a la adquisición de acciones preferentes del Banco Ficohsa.
La transacción ha generado cuestionamientos de jubilados y pensionados, quienes exigen transparencia sobre las condiciones de la inversión y demandan la intervención del Ministerio Público para que investigue la operación y determine si existen irregularidades.
De acuerdo con información publicada por Cholusat Sur, el INJUPEMP desembolsó L 900 millones por 360,000 acciones preferentes, cuyo valor nominal conjunto asciende a L 36 millones. La diferencia de L 864 millones corresponde a una prima de emisión.
Entre los aspectos que han despertado dudas figuran las condiciones de los títulos, descritos como perpetuos, los dividendos no acumulativos y la ausencia de una obligación contractual de recompra en un plazo determinado. Aunque se contempla la posibilidad de recomprar las acciones después de cinco años, esto no garantiza la devolución del capital en ese período.
La controversia también ha provocado protestas de jubilados y pensionados, quienes reclaman explicaciones a las autoridades del instituto sobre los riesgos financieros de la operación y las garantías para proteger los recursos destinados al pago de sus pensiones.
En medio de los cuestionamientos, Cholusat Sur informó que Víctor Cubas, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del INJUPEMP, responsabilizó al canal de impulsar una campaña informativa sobre la transacción. Asimismo, señaló que desde la institución se ha exigido detener las publicaciones relacionadas con el caso.
Mientras más voces, como la de la abogada Naama Ávila, se suman al análisis de esta operación, los reclamos se centran en la necesidad de esclarecer cómo se aprobó la inversión, cuáles son sus condiciones y qué mecanismos protegen el patrimonio previsional.