La Secretaría de Educación (SEDUC) incorporó 4,191 empleados a su planilla entre 2022 y 2026, pese a que los centros educativos públicos perdieron 87,134 estudiantes durante el mismo período, según el informe Planillas en desorden, presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El documento expone presuntas irregularidades en la administración del recurso humano, entre ellas plazas docentes registradas en oficinas, cargos duplicados, empleados que cobraron simultáneamente en lugares distantes y salarios que superan los rangos habituales de sus puestos.
De acuerdo con el análisis, en 2025 la Secretaría destinó 85 de cada 100 lempiras de su presupuesto al pago de salarios. Actualmente, la planilla docente representa un gasto mensual de 2,019 millones de lempiras, por lo que cada jornada de clases perdida equivale a por lo menos 121 millones de lempiras que no llegan a las aulas.
Mientras la matrícula escolar disminuyó casi un 6 %, la planilla docente aumentó un 4.7 % y la administrativa creció un 21 %. En el Nivel Central, la cantidad de empleados sumó 314 personas nuevas en tres años, lo que representa un incremento del 72 %.
El capítulo de Transparencia Internacional incluido en el informe señala que el desafío no consiste en contratar más docentes, sino en distribuir adecuadamente al personal existente. A nivel nacional hay 21 estudiantes por cada maestro, aunque la normativa permite hasta 40. Sin embargo, las diferencias entre departamentos son marcadas: Colón registra 13 estudiantes por docente, mientras Cortés, Gracias a Dios, Intibucá y Lempira alcanzan los 27.
El caso de Colón destaca en el análisis: entre 2022 y 2026 incorporó 1,848 docentes, pero perdió 2,271 estudiantes durante ese período.
La investigación también identificó a 193 personas nombradas para trabajar en las aulas cuyas plazas están registradas en direcciones departamentales, con un costo mensual de 4.8 millones de lempiras. De ese grupo, 38 están asignadas en los cuatro departamentos con mayor cantidad de estudiantes por maestro.
Otro punto señalado es el aumento de las asistencias técnicas, que pasaron de 111 en 2022 a 239 en 2026. El Presupuesto General de 2026 estableció un plazo de tres meses para cancelar aquellas que no cumplieran los requisitos, pero ese período venció en julio sin que se conozca cuántas fueron revisadas o eliminadas.
El informe documenta, además, que 366 docentes tienen cuatro plazas o más. También registra el caso de un maestro que cobró durante 21 meses consecutivos en Trujillo y Tegucigalpa al mismo tiempo.
En Choluteca, Colón, Cortés y Francisco Morazán se encontraron registros de dos personas con el cargo de director departamental durante un mismo año, pese a que la normativa establece una sola plaza por departamento, asignada mediante concurso.
La revisión también encontró que, entre 2022 y 2023, 45 conserjes, guardias, oficinistas y porteros recibieron salarios mensuales de entre 30,000 y 60,000 lempiras, hasta tres veces la mediana salarial de sus respectivos cargos. Asimismo, dos empleados pasaron en un período de dos años de puestos de conserjería y oficina a dirigir la Dirección General de Talento Humano, responsable de administrar el personal de la Secretaría.
“Mientras la planilla sigue creciendo sin justificación, las aulas de primaria siguen esperando maestros. La SEDUC tiene que verificar quién está realmente frente a un aula y explicar por qué hay plazas docentes pagadas en lugares donde no se enseña”, manifestó Anajansi Alvarado, directora de Educación de ASJ.
Ante los hallazgos, la organización recomendó redistribuir a los docentes de acuerdo con la cantidad real de estudiantes en cada departamento, dando prioridad a la educación primaria. También pidió trasladar nuevamente a las aulas al personal contratado para enseñar que actualmente tiene sus plazas registradas en oficinas, además de verificar la presencia efectiva de quienes acumulan cuatro plazas o más.
ASJ planteó, además, que cada puesto administrativo y de asistencia técnica debe justificar su aporte al sistema educativo. Finalmente, instó a la Secretaría de Educación a publicar los resultados de la revisión ordenada en el Presupuesto General de 2026, incluidos los datos sobre la cantidad de plazas canceladas.