El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que promoverá la derogación de la Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente, publicada en el diario oficial La Gaceta pese a contar con un veto presidencial.
Zambrano calificó el hecho como “asombroso” y sostuvo que la publicación del decreto sin superar el procedimiento constitucional correspondiente podría constituir un delito penal, por lo que pidió investigar cómo se autorizó su aparición en el diario oficial.
El titular del Legislativo explicó que para superar el veto presidencial se requerían 86 votos. Al no alcanzar esa cantidad, afirmó, el expediente debía quedar archivado y la ley no podía publicarse.
“Es asombroso, después de existir un veto, ya salir el gobierno de Libre cuando ya iban a entregar salió publicado en La Gaceta, que no tenía la configuración constitucional”, manifestó Zambrano, quien consideró que lo ocurrido va más allá de un error administrativo o de las atribuciones legislativas.
El parlamentario señaló que existen dos vías legales para dejar sin efecto el decreto: presentar un recurso de inconstitucionalidad, cuyo fallo podría tardar al menos seis meses, o aprobar su derogación mediante el Congreso Nacional.
Congreso prevé derogar el decreto
Zambrano anunció que presentaría una iniciativa para derogar la normativa y aseguró que coordinó acciones con organizaciones provida, que también ofrecerían una conferencia de prensa sobre el caso.
“Vamos a presentar el decreto y mañana mismo lo vamos a derogar y ahí mismo aprobamos el acta para que esta misma semana se encuentre en el Poder Ejecutivo para la sanción y así pueda estar publicada la derogatoria”, declaró.
El presidente del Congreso subrayó que la derogación no elimina la necesidad de investigar la publicación del decreto. En ese sentido, señaló que corresponde al Ministerio Público determinar cómo llegó el documento a La Gaceta, quién lo remitió y por qué se publicó pese al veto presidencial.
Zambrano evitó atribuir responsabilidades anticipadamente al Poder Ejecutivo o a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), pero insistió en que debe esclarecerse lo ocurrido.
“Sería irresponsable decir si fue el Ejecutivo, si fue la ENAG, pero ahí está la publicación y claramente hay un delito, reitero, y se tiene que investigar”, concluyó.