Michelle Melgares, madre de Angie Peña, denunció que desde 2022 recibió advertencias de policías sobre supuestos privilegios de los que gozaban extranjeros y personas con poder en Roatán, debido a presuntos vínculos con mandos policiales.
“Algunos policías nos advertían que sus superiores y jefes de unidades jamás ‘tocarían’ a ‘gringos’ u otros ‘poderosos’ en Roatán, ya que los invitaban todo pagado y comían en la misma mesa”, escribió Melgares en una publicación en la red social X.
La madre de la joven desaparecida acompañó el mensaje con fotografías de 2022 y referencias a los denominados Delta Teams, en el contexto de la desaparición de su hija en enero de ese año en Roatán, Islas de la Bahía.
En la misma publicación, Melgares destacó el nombre de Anthony Frank Grayson, incluido entre los más buscados por su presunta vinculación con el caso, e instó a sus seguidores a observar las imágenes compartidas.
Los señalamientos de Melgares se basan en advertencias que, según su relato, recibió de agentes policiales sobre el trato hacia determinados extranjeros y personas influyentes en la isla. Estas afirmaciones corresponden a denuncias de la madre de Angie Peña.
Juicio contra los Delta Teams
En el ámbito judicial, la Sala I del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción fijó para el lunes 9 de noviembre, a la 1:30 de la tarde, la lectura del fallo contra los acusados. Las partes presentaron sus conclusiones el viernes 23 de octubre.
El Ministerio Público pidió que se declare la responsabilidad penal de los procesados, mientras que las defensas solicitaron una sentencia absolutoria. El juicio comenzó el 7 de septiembre y se desarrolló de manera secreta a petición de la Fiscalía, que argumentó que la publicidad del proceso podía poner en riesgo la vida de Angie Peña.
Entre los acusados figuran los estadounidenses Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock, señalados por trata de personas. También enfrentan cargos Gary Lee Johnston y el hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera, acusados de asociación para delinquir.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la presunta estructura criminal habría comenzado a operar alrededor de 2019 en Islas de la Bahía y estaría relacionada con posibles delitos de trata de personas, explotación sexual y otras actividades ilícitas.