El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que no habrá retrocesos en la lucha contra la delincuencia y reiteró que existe voluntad política para combatir el crimen organizado mediante medidas de mayor control penitenciario y la construcción de un nuevo centro de máxima seguridad.
Las declaraciones fueron brindadas durante una conferencia de prensa junto a autoridades de seguridad y del sistema penitenciario, luego de una inspección de terrenos e infraestructura de una cárcel abandonada en La Acequia, municipio de Quimistán, Santa Bárbara.
Según lo expuesto por Zambrano, el proyecto contempla una capacidad aproximada de 1,300 privados de libertad bajo un régimen de máxima seguridad, con controles estrictos y sin privilegios para los reclusos.
“Hoy sí habrá un control de los centros penales, hoy no va a existir que desde máxima seguridad van a ordenar delitos, se cierra la comunicación con las familias y los mismos abogados. No les van a poder ingresar ni dinero ni comida. Van a estar encerrados 23 horas y media”, advirtió el titular del Legislativo.
El funcionario explicó que las personas recluidas en estas instalaciones permanecerían 23 horas y media al día en sus celdas. También señaló que utilizarían uniforme compuesto por sandalias, calzoneta y camiseta, además de llevar la cabeza rapada y disponer de una hora de sol a la semana.
Evalúan infraestructura en Santa Bárbara
Durante la inspección en La Acequia, las autoridades revisaron terrenos que abarcan más de 100 manzanas y que están a nombre de la Secretaría de Seguridad, así como obras e infraestructura construidas previamente.
Zambrano detalló que la sección de máxima seguridad ya edificada contempla módulos de menos de 2.5 por 3 metros, donde permanecerían cuatro reclusos, quienes, según sus declaraciones, no tendrían acceso directo a la luz solar.
El presidente del Congreso sostuvo que el objetivo es impedir que los integrantes de estructuras criminales continúen ordenando delitos desde los centros penitenciarios. Asimismo, afirmó que los operadores de justicia deben ofrecer resultados a corto, mediano y largo plazo.
“Hoy lo que más existe es voluntad política de los que estamos encargados de tomar decisiones por Honduras”, enfatizó.
Políticos y funcionarios también podrían ser recluidos
Consultado sobre la posibilidad de que el nuevo centro penal albergue a políticos involucrados en actividades ilícitas, Zambrano afirmó que las medidas se aplicarían sin distinción de cargos.
“Si un político, si un policía, si un militar, si un juez, si un fiscal, se convierte en colaborar de estos grupos criminales, ahí irá a parar”, declaró.
El titular del Legislativo también defendió la necesidad de construir el recinto ante las posibles protestas de las comunidades que podrían albergarlo. Argumentó que el proyecto representa un beneficio para la seguridad nacional y que la construcción generaría empleos durante más de un año.
Además, prometió que en la zona donde finalmente se levante la cárcel se establecerán nuevas unidades de la Policía y de las Fuerzas Armadas para prevenir actividades criminales.
Zambrano agregó que la ubicación del centro penal no implicaría que los familiares de los reclusos o integrantes de estructuras delictivas tengan que residir cerca de las instalaciones. Según indicó, las visitas a la zona estarían relacionadas principalmente con las funciones de las autoridades penitenciarias y de los operadores de justicia.
La ubicación definitiva sigue pendiente
El proyecto carcelario se encuentra en evaluación y contempla tres posibles ubicaciones: La Acequia, en Santa Bárbara; el departamento de Yoro; y Colón.
Hasta el momento, las autoridades no han definido dónde se construirá el centro de máxima seguridad.
Zambrano hizo un llamado a los sectores que se oponen a la iniciativa para que consideren su propósito en materia de seguridad y reiteró que el Estado busca recuperar la paz mediante un mayor control de los privados de libertad y el combate a las organizaciones criminales.
Aunque el proyecto plantea restricciones penitenciarias severas, la decisión final sobre su ubicación continúa pendiente de las evaluaciones correspondientes.