El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) consideró que el requerimiento fiscal contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y los integrantes de la Comisión Permanente representa un paso importante para determinar posibles responsabilidades. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de que se consolide un patrón de persecución penal selectiva en Honduras.
A través de una publicación en la red social X, el organismo señaló que las actuaciones de quienes ejercieron funciones públicas deben estar sujetas al escrutinio de la justicia, siempre que se respete el debido proceso.
El CNA recordó que ha denunciado de manera reiterada los abusos de poder y los excesos que, a su criterio, debilitan la institucionalidad democrática del país.
No obstante, aclaró que reconocer la importancia de una acción fiscal no significa respaldar incondicionalmente al Ministerio Público ni renunciar a la vigilancia de su desempeño.
En ese sentido, expresó preocupación por lo que considera posibles diferencias en la aplicación de la justicia, al señalar que algunas investigaciones avanzan contra determinados sectores políticos, mientras otros expedientes relacionados con presuntos actos de corrupción permanecen estancados o sin resoluciones definitivas.
CNA cuestiona demoras en otros casos de alto impacto
Como parte de sus señalamientos, el organismo mencionó varios procesos judiciales que, según indicó, continúan generando interrogantes sobre la respuesta de las instituciones encargadas de impartir justicia.
Entre ellos figura el sobreseimiento definitivo del expresidente Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II, así como la prolongada mora judicial en el proceso contra Marco Bográn.
También hizo referencia a la revocación del auto de formal procesamiento del exdiputado David Chávez y a la posible reaparición de figuras vinculadas con señalamientos de corrupción, entre ellas Ebal Díaz y Ricardo Cardona.
“Todos estos casos, considerados en conjunto, plantean una inquietud legítima sobre la consistencia de la respuesta institucional frente a casos de alto impacto”, advirtió el CNA.
La organización sostuvo que, cuando algunos expedientes avanzan mientras otros pierden impulso o no reciben respuestas suficientes, surgen cuestionamientos legítimos sobre la uniformidad con que se desarrollan las investigaciones.
Piden examinar el alcance de la inmunidad parlamentaria
El CNA también manifestó preocupación por la vigencia del Decreto 117-2019, relacionado con la inmunidad parlamentaria, que incorporó el artículo 10-A a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Según el organismo, el alcance de esta disposición frente a los hechos atribuidos a los miembros de la Comisión Permanente debe analizarse cuidadosamente para determinar sus implicaciones legales.
En su pronunciamiento, enfatizó que ninguna prerrogativa parlamentaria debe utilizarse como una vía para evadir eventuales responsabilidades penales ni impedir investigaciones sobre actuaciones que puedan exceder el ejercicio legítimo de las funciones legislativas.
Asimismo, el Consejo cuestionó el desempeño del anterior fiscal general y aseguró que no guardará silencio ante nuevas señales que, a su juicio, puedan conducir a una situación similar.
Cuestionan la uniformidad de la respuesta judicial
El organismo anticorrupción concluyó su pronunciamiento planteando interrogantes sobre la independencia y consistencia de las actuaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial en los casos de alto impacto político.
“¿Estamos ante una persecución penal que se ejerce con el mismo rigor frente a todos los sectores políticos, o estamos viendo una justicia que avanza a distintas velocidades según quién esté bajo investigación?”, cuestionó el CNA.
Con esta postura, la organización reiteró que el avance de los procesos judiciales debe estar acompañado de garantías legales y de una actuación institucional consistente, sin distinciones basadas en la pertenencia política de las personas investigadas.