El Poder Judicial confirmó la recepción de un requerimiento fiscal contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y otros exintegrantes de la comisión permanente del Legislativo, señalados por su presunta participación en acciones que habrían puesto en riesgo el proceso electoral de noviembre de 2025.
La información fue proporcionada por el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, quien detalló que el requerimiento fue recibido en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la mañana del martes y comprende a 14 personas, acusadas de la supuesta comisión de 21 delitos.
La magistrada Anny Belinda Ochoa fue designada como jueza natural para conocer el caso y dar seguimiento al proceso judicial correspondiente.
De acuerdo con Duarte, entre los señalados figura Redondo, quien presidió el Congreso Nacional, junto con varios exmiembros de la comisión permanente. Las acusaciones están relacionadas con presuntos actos que habrían afectado el funcionamiento de las instituciones democráticas y la organización del proceso electoral.
Delitos atribuidos a los principales señalados
Según el requerimiento fiscal, Luis Redondo enfrenta acusaciones por perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
Por su parte, la diputada Luz Angélica Smith es señalada por los presuntos delitos de falsedad en documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.
Asimismo, el exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Antonio Moncada, enfrenta tres acusaciones por supuesta violación de los deberes de los funcionarios.
Otros exintegrantes de la comisión permanente señalados
El resto de los imputados enfrenta acusaciones por el presunto delito de usurpación de funciones. Entre ellos se encuentran Hugo Noé Pino, Carlos Raudales, Juan Barahona, Fabricio Carbajal, Karen Martínez, Silvia Ayala, Linda Donaire, Edgardo Casaña, Osmán Chávez, Kritza Pérez y Scherly Arriaga.
El caso está relacionado con señalamientos sobre actuaciones que, según la acusación, habrían vulnerado el funcionamiento institucional y puesto en precario la elección de las autoridades hondureñas mediante el voto popular en los comicios generales de noviembre de 2025.
Con la designación de la jueza natural, el proceso continuará conforme a las etapas judiciales correspondientes para conocer las imputaciones y determinar las responsabilidades que pudieran establecerse.
Las acusaciones forman parte de un requerimiento fiscal y deberán ser examinadas en el proceso judicial, sin que su presentación implique por sí misma una declaración de culpabilidad de los señalados.