La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, cuestionó el desempeño del Poder Judicial durante el proceso contra el expresidente Juan Orlando Hernández y señaló que la justicia hondureña no logró recuperar la confianza ciudadana.
Castellanos sostuvo que el regreso de Hernández al país representaba una prueba para las instituciones encargadas de impartir justicia. Sin embargo, consideró que el resultado dejó serias dudas sobre la capacidad del sistema para resolver casos de alto impacto y relacionados con figuras de poder político.
La directora del CNA reconoció la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR), pero dirigió sus principales críticas a la Corte Suprema de Justicia, presidida por Wagner Vallecillo, por las decisiones adoptadas en torno a los medios de prueba presentados durante el proceso.
También cuestionó que Fernando Suárez, condenado en el caso Pandora I y considerado una pieza relevante para la investigación, no pudiera ser escuchado durante el juicio. Castellanos preguntó qué información podía aportar y por qué no estuvo disponible cuando fue requerido.
A criterio de la abogada, las decisiones judiciales relacionadas con la admisión y valoración de pruebas deben ser explicadas, especialmente cuando se trata de procesos contra exfuncionarios de alto perfil.
Castellanos afirmó que el caso volvió a poner bajo escrutinio la independencia y capacidad del Poder Judicial, así como el papel de la Corte Suprema de Justicia para garantizar procesos sólidos, transparentes y libres de cualquier influencia política.