El Juzgado de Ejecución en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción ordenó la liberación de Fernando Josué Suárez, quien fue considerado uno de los principales testigos del denominado caso Pandora, luego de determinar que ya había cumplido la pena impuesta.
El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que Suárez se encuentra en libertad. La decisión fue adoptada tras un recurso presentado por su defensa, que solicitó revisar el tiempo efectivo de reclusión y establecer si correspondía poner fin a la condena.
Juzgado revisó el tiempo de privación de libertad
Para resolver la petición, el juez realizó el cómputo de la pena tomando en consideración el período en que Suárez permaneció privado de libertad desde el 23 de noviembre de 2018, así como el tiempo correspondiente a su incorporación al mecanismo de protección como testigo protegido.
Con base en ese cálculo, el órgano jurisdiccional estableció que la condena quedó cumplida el 23 de julio de 2026. Sin embargo, la excarcelación se concretó posteriormente, el 12 de agosto.
Antecedentes del caso Pandora
Suárez tuvo un papel relevante dentro de la investigación conocida como Pandora, relacionada con el supuesto desvío de recursos públicos para financiar campañas políticas durante las elecciones de 2013.
La investigación señaló el uso irregular de fondos provenientes de distintas instituciones estatales, entre ellas la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que habrían sido canalizados mediante organizaciones no gubernamentales como Fundación Todos Somos Honduras y Fundación DiBattista.
El expediente también involucró a los expresidentes Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. Lobo Sosa fue absuelto, mientras que Hernández continúa enfrentando un proceso judicial relacionado con el caso.
Condena y fuga
En su momento, Suárez abandonó el esquema de protección dispuesto por el Ministerio Público y huyó hacia El Salvador, donde posteriormente fue detenido y extraditado a Honduras.
Finalmente, recibió una condena de siete años y un mes de prisión por los delitos de fraude y malversación de caudales públicos, además de otras disposiciones relacionadas con su condición dentro del proceso. La sentencia contempló también una multa de L288 millones 160 mil 175 y una inhabilitación absoluta equivalente al doble del período de reclusión.