El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, advirtió que Honduras no puede seguir enfrentando el impacto financiero generado por la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), por lo que defendió la necesidad de impulsar una transformación profunda del sistema energético nacional.
El funcionario señaló que la deuda y las pérdidas acumuladas por la estatal obligan a modernizar su estructura operativa, reformar el mercado energético y avanzar hacia una matriz más eficiente que permita garantizar la sostenibilidad del sector.
“Tenemos que cambiar la matriz del mercado, cambiar el sistema de trabajo y modernizarlo dentro de la ENEE para poder rescatarlo”, expresó.
Hernández Hércules destacó que la propuesta será discutida ampliamente en el Congreso Nacional y aseguró que la empresa continuará siendo propiedad del Estado, pese a los cambios contemplados en la reforma.
Asimismo, resaltó el respaldo de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otros socios financieros internacionales, que apoyan las iniciativas orientadas a fortalecer el sistema eléctrico hondureño.
El titular de Finanzas afirmó que la solución al problema energético no depende únicamente de cambios legislativos, sino también de inversiones en infraestructura, reducción de pérdidas y fortalecimiento de la red de transmisión. En ese sentido, indicó que varias líneas de transmisión requieren inversiones superiores a los 130 millones de dólares.
En materia de transparencia, el ministro defendió la aprobación de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiarios Finales, al considerar que permitirá identificar a los verdaderos propietarios de empresas y fortalecer los controles del sistema financiero, en línea con estándares internacionales.
Finalmente, alertó que las pérdidas de la ENEE rondan los 1,300 millones de lempiras mensuales, equivalentes a más de 16 mil millones de lempiras al año, recursos que terminan impactando las finanzas públicas y la capacidad de inversión del Estado.