Entra en vigencia reforma que permite distribuir bienes y dinero incautados a criminales; excluyen fondos de Koriun

La reforma al artículo 78 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito ya está vigente, luego de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. La modificación permite distribuir anticipadamente hasta el 100 % del dinero y los bienes incautados a personas vinculadas con actividades criminales, sin esperar una sentencia judicial definitiva.

El decreto 227-2026, aprobado por el Poder Legislativo el pasado 12 de octubre, fue publicado en la edición número 37.283 de La Gaceta, correspondiente al 31 de octubre de 2026, y establece que los recursos serán destinados al fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia.

De acuerdo con la reforma, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) será el encargado de autorizar la distribución mediante un acuerdo debidamente motivado. Para ello, los bienes y fondos deberán estar legalmente incautados y bajo la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

La normativa establece que la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad recibirán cada una el 25 % de los recursos; el Ministerio Público y el Poder Judicial obtendrán un 15 % respectivamente, mientras que la OABI recibirá el 10 %.

El porcentaje restante se distribuirá entre la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación (NII), con un 5 %, y la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANC), que también tendrá una asignación del 5 %.

Excluyen fondos de Koriun Inversiones

Uno de los aspectos que contempla la reforma es la exclusión expresa del dinero incautado en el caso de la empresa financiera Koriun Inversiones, señalada de estafar a miles de hondureños. Estos fondos no podrán ser utilizados por las instituciones operadoras de justicia.

Asimismo, el decreto establece que el Estado tendrá la obligación de devolver íntegramente los recursos utilizados si un juez así lo ordena. También prohíbe disponer de dinero que pueda afectar los derechos de las víctimas o de terceros de buena fe.

Finalmente, la reforma concede un plazo de 60 días al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para aprobar el reglamento que establecerá los procedimientos para su aplicación, documento que deberá elaborarse en coordinación con las autoridades de la OABI y la Secretaría de Finanzas.

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