El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades gubernamentales para coordinar las primeras acciones encaminadas a construir una cárcel de máxima seguridad en Honduras, un proyecto que contempla la identificación de terrenos estatales y la búsqueda de recursos para financiar las obras.
El encuentro, promovido por el Poder Legislativo, se extendió por más de tres horas y media y contó con la participación de miembros de la junta directiva del Congreso, representantes de las comisiones de Seguridad y Prevención Ciudadana y de Defensa y Soberanía, así como autoridades de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y la Secretaría de Finanzas.
La reunión se desarrolló después de que el lunes se aprobara una moción legislativa para respaldar al Poder Ejecutivo en la aplicación del artículo 6 del Decreto 84-2026, relacionado con la gestión de recursos para construir nuevos centros penitenciarios.
“Cada uno de ellos ha expuesto el plan a seguir para poder llevar a cabo la implementación de esta política criminal del Estado hondureño”, manifestó Zambrano al referirse a las propuestas presentadas por las instituciones participantes.
Identifican terrenos y buscan financiamiento
El director del INP, Walter Mendoza Lacayo, informó que se han identificado entre tres y cuatro terrenos propiedad del Estado que podrían utilizarse para construir el nuevo centro penitenciario.
Las autoridades prevén realizar visitas y estudios técnicos para determinar cuál de las propiedades reúne las condiciones necesarias para desarrollar el proyecto.
Por su parte, Zambrano indicó que el Poder Ejecutivo instruyó a la Secretaría de Finanzas para identificar los recursos requeridos. Según la planificación expuesta durante la reunión, se espera comenzar las obras a finales de este año y completar la primera etapa entre ocho y diez meses después de su inicio.
El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, confirmó que su institución trabajará en la búsqueda de los fondos necesarios para cumplir con el mandato legislativo.
“Hemos asumido un compromiso de poder identificar recursos para poder cumplir con este ordenamiento”, expresó.
El funcionario agregó que la coordinación interinstitucional también pretende fortalecer las capacidades técnicas del INP, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Preparan espacios para reclusos de alta peligrosidad
Mientras avanza la planificación de la nueva cárcel, el Instituto Nacional Penitenciario trabaja en la habilitación de módulos destinados a personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad.
Zambrano señaló que se prepara capacidad para albergar a un promedio de 1,300 reclusos de este perfil durante los próximos meses.
El régimen de máxima seguridad anunciado contempla que los internos permanezcan 23 horas y media dentro de sus celdas, con 30 minutos para realizar ejercicio frente a ellas y una hora de exposición al sol por semana.
Las medidas también incluyen restricciones a las comunicaciones, al ingreso de dinero y a la recepción de alimentos, con el objetivo de impedir que los privados de libertad continúen ordenando delitos desde los centros penitenciarios.
Mendoza Lacayo sostuvo que estas disposiciones buscan garantizar la seguridad de la población y del personal que trabaja en las cárceles.
“Cuando hablamos de un régimen de máxima seguridad, no solo es para que ellos estén confinados y que tengan los horarios que ya se han explicado, sino también para protección de los agentes penitenciarios”, manifestó.
Autoridades piden supervisión y coordinación
El director del INP reconoció que el fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria requiere un proceso gradual y destacó la importancia de que las instituciones responsables supervisen los avances.
“Eso queremos. Eso es lo que queremos, que nos exijan y nos supervisen”, expresó al referirse al acompañamiento de las bancadas legislativas y las autoridades.
En tanto, el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, afirmó que la estrategia contra la criminalidad debe comprender todas las etapas del sistema de justicia, desde la investigación y captura de los responsables hasta su reclusión en instalaciones adecuadas.
“No solo (es) poder perseguir y arrestar a los responsables de tanta violencia y criminalidad, sino también coadyuvar para crear las condiciones para que esos criminales paguen por sus delitos”, señaló.
Velásquez agregó que la Policía Nacional, el Ministerio Público, los jueces y las autoridades penitenciarias desempeñan funciones complementarias. También advirtió que las nuevas reformas podrían incrementar la necesidad de espacios para recluir a integrantes de estructuras criminales.
Congreso dará seguimiento al proyecto
Zambrano aseguró que el Poder Legislativo supervisará los avances de la iniciativa, evaluará los indicadores y promoverá los ajustes que sean necesarios durante su ejecución.
“Vamos a estar evaluando los resultados, vamos a estar evaluando cuáles son los avances, vamos a estar evaluando los indicadores y vamos a estar haciendo los ajustes que se necesiten”, afirmó.
El titular del Congreso también pidió a la población respaldar la decisión de las autoridades penitenciarias cuando se determine el municipio o departamento donde se construirá la cárcel.
Reconoció que la selección de una localidad puede generar preocupación entre sus habitantes, pero defendió la iniciativa como parte de los esfuerzos para reforzar la seguridad y evitar que las estructuras criminales continúen dirigiendo actividades delictivas desde las prisiones.
Por ahora, el proyecto se encuentra en una etapa de coordinación institucional, identificación de terrenos y búsqueda de financiamiento, mientras las autoridades avanzan en la preparación de espacios penitenciarios destinados a reclusos de alta peligrosidad.