El Ministerio Público (MP) solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la realización de diligencias prejudiciales como parte de las investigaciones relacionadas con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
La petición contempla la juramentación de un perito que deberá realizar inspecciones de campo en el departamento de Santa Bárbara para verificar la ejecución de obras sociales supuestamente destinadas a beneficiar a población vulnerable.
De acuerdo con el documento presentado por el ente acusador, las investigaciones involucran a los diputados Luz Angélica Smith, Edgardo Casaña, Betty Elizabeth Rivera Ramírez, Samuel Duarte Alvarado e Ivin Yaneth Fonseca Trejo.
Asimismo, son investigados el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona Erazo, y la exfuncionaria Rosy Yanira Martínez Gonzales, por su presunta vinculación con los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
Verificarán obras y documentación
El perito deberá constatar directamente si las supuestas obras sociales fueron ejecutadas y revisar la documentación que las respalda. Entre los trabajos que serán objeto de inspección figuran pisos, techos y construcción de letrinas.
El Ministerio Público indicó que las diligencias buscan determinar si las obras efectivamente fueron realizadas y establecer, a partir de las inspecciones, si existen elementos que puedan constituir algún ilícito penal.
Según la investigación, se han detectado múltiples inconsistencias en distintas etapas del proceso, desde la gestión de fondos mediante el Congreso Nacional hasta las solicitudes de ayuda atribuidas a supuestos beneficiarios, la emisión de cheques y las facturas utilizadas para justificar las ayudas sociales.
El MP también afirmó que, de acuerdo con las pesquisas realizadas, los investigados no habrían efectuado las liquidaciones correspondientes, documentación necesaria para concluir el proceso de entrega y justificación de los fondos.
El ente acusador consideró que las inspecciones en el lugar son necesarias para comprobar la existencia o inexistencia de las obras y contrastar los hallazgos con la documentación relacionada.
Finalmente, el Ministerio Público solicitó que la diligencia prejudicial sea declarada secreta y que la petición sea resuelta conforme a derecho.