La Corte de Apelaciones designada autorizó este martes al viceministro de Contingencias Nacionales y Gestión de Riesgos (Copeco), Nelson Márquez, a salir temporalmente de Honduras para cumplir con una reunión de trabajo relacionada con sus funciones.
La información fue confirmada por el vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, quien explicó que el pleno aceptó parcialmente la solicitud presentada por la defensa durante la audiencia de revisión de medidas.
“Se declara con lugar de manera parcial este permiso al alto funcionario de Copeco, se le ha dado un tiempo prudencial para salir del país”, declaró Silva a los periodistas que cubren la fuente judicial.
El permiso concedido comprende del 18 al 25 de octubre, por lo que Márquez deberá retornar al territorio hondureño una vez concluido ese período.
Investigación por demandas contra el Estado
Nelson Márquez figura como imputado junto a otras personas en una investigación relacionada con el supuesto drenaje de 3,084 millones de lempiras mediante demandas consideradas ilegales por el Ministerio Público (MP).
El requerimiento fiscal se remonta a hechos ocurridos después del paso del huracán Mitch, en el año 2000. Según la Fiscalía, el Estado de Honduras adjudicó con fondos de cooperación internacional un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., pese a que esta no estaba autorizada para operar en el país y posteriormente habría subcontratado de manera irregular a NAINSA.
De acuerdo con el relato oficial del MP, en 2001 el cooperante suspendió la ayuda debido a inconsistencias detectadas en el contrato. Años después, ambas empresas habrían promovido demandas fraudulentas sustentadas en un laudo arbitral que, según la acusación, nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Fiscalía sostiene además que DRC Inc. suscribió un acuerdo confidencial con NAINSA, pese a que esta última no mantenía una relación contractual con el Estado hondureño.
Convenio extrajudicial y pagos millonarios
El expediente fiscal señala que en enero de 2020, cuando Márquez se desempeñaba como secretario de Sedecoas, remitió a la Procuraduría General de la República un informe legal que recomendaba suscribir un acuerdo ejecutivo para evitar una “erogación mayor”.
Un mes después, Sedecoas y NAINSA firmaron un convenio extrajudicial mediante el cual acordaron pagos millonarios, mientras los procesos judiciales relacionados con el caso continuaban en curso.
Posteriormente, en 2022, el juez Raymundo Gradiz Viloria admitió otra demanda millonaria contra el Estado de Honduras. Según las investigaciones citadas por la Fiscalía, algunos jueces que ya tenían conocimiento de la nulidad del laudo arbitral continuaron ordenando pagos millonarios al margen de la ley.
El requerimiento fiscal también señala que, durante una de las audiencias consideradas clave en el proceso, Héctor Alvarado Mejía, quien en ese momento representaba al Estado a través de la Procuraduría General de la República (PGR), no asistió. Su ausencia fue justificada mediante un certificado médico cuya autenticidad, según el mismo informe del MP, fue puesta en duda.