El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este martes a la Administración del presidente Donald Trump a reanudar temporalmente las deportaciones de algunos migrantes hacia terceros países, mientras el máximo tribunal prepara una revisión sobre la legalidad de esta política.
Los magistrados anunciaron que escucharán los argumentos del caso en diciembre. Hasta entonces, queda en suspenso la aplicación de decisiones de tribunales inferiores que exigían al Gobierno informar a los migrantes sobre el país al que serían trasladados y permitirles impugnar la expulsión antes de que esta se ejecutara.
La Administración Trump sostiene que estas medidas son necesarias para agilizar la deportación de determinadas personas, entre ellas migrantes con antecedentes penales.
La decisión fue respaldada por los seis jueces que integran la mayoría conservadora del Supremo, mientras que las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson votaron en contra.
Gobierno alegó una «emergencia nacional»
En los días previos, la Administración Trump había pedido al Supremo que permitiera nuevamente las deportaciones a terceros países. El Gobierno argumentó que mantenerlas suspendidas representaría una “emergencia nacional” y limitaría su capacidad para expulsar a determinados migrantes.
Con el fallo, la Administración podrá continuar temporalmente con este programa y realizar deportaciones rápidas hacia países distintos al de origen de los migrantes.
Entre los destinos figura Guinea Ecuatorial, donde algunos deportados desde Estados Unidos fueron presuntamente encapuchados, atados y golpeados por agentes policiales, de acuerdo con una investigación publicada por The New York Times.
El envío de migrantes a terceros países forma parte de la política migratoria impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca y de su estrategia de deportaciones masivas.
Más de 25,000 migrantes enviados a terceros países
Según datos recopilados por organizaciones y medios estadounidenses, desde el regreso de Trump a la Presidencia más de 25,000 migrantes han sido enviados a 29 terceros países mediante esta política.
El Tribunal Supremo tiene previsto analizar en diciembre los argumentos sobre la legalidad del programa. Posteriormente, los magistrados deberán emitir una decisión definitiva sobre el caso.
Por ahora, la resolución permite que la Administración continúe aplicando las deportaciones a terceros países mientras el máximo tribunal estudia el fondo de la controversia.