La directora nacional de la Defensa Pública, Fanny Salinas, advirtió que las recientes reformas aprobadas por el Congreso Nacional, mediante las cuales tres estructuras fueron elevadas a rango de organizaciones terroristas, podrían generar un incremento en la carga de trabajo de la institución.
Salinas explicó que la Defensa Pública está a la espera de la resolución correspondiente para evaluar el impacto que tendrán las nuevas disposiciones en los juzgados de letras y en los juzgados del circuito de criminalidad organizada.
La funcionaria señaló que uno de los principales retos será contar con mayores recursos y más defensores públicos ante el posible aumento de requerimientos fiscales y de personas que necesitarán asistencia jurídica.
“Será un reto para la Dirección de la Defensa Pública poder contar con un mayor presupuesto y mayor nombramiento de defensores públicos, ya que al hacer este tipo de reformas desde el Congreso Nacional se incrementa el trabajo a la Defensa Pública”, manifestó.
Actualmente, la institución dispone de 290 defensores públicos a nivel nacional, quienes brindan atención en diferentes áreas, entre ellas civil, familia, violencia doméstica, niñez y penal. De acuerdo con Salinas, esta última concentra la mayor demanda de servicios.
Ante este escenario, la directora de la Defensa Pública informó que solicitarán una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de analizar las implicaciones de las nuevas disposiciones y establecer las necesidades de la institución para atender los procesos que puedan surgir a partir de los nuevos requerimientos fiscales.
Salinas también se refirió a la situación de los centros penitenciarios y sostuvo que su solución no depende únicamente de la construcción de nuevas cárceles. A su criterio, es necesario fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables y mantener la aplicación de mecanismos orientados a reducir la congestión penitenciaria.